Por: Soledad Montero Murgueytio, abogada
La reciente propuesta del presidente Daniel Noboa de incluir en la consulta popular un mecanismo para habilitar la castración química a violadores ha reabierto un debate profundamente sensible. En teoría, se trata de una medida pensada para proteger a la niñez y a las mujeres de la violencia sexual. En la práctica, sin embargo, es otra manifestación del populismo penal que se recicla en nuestro país cada vez que el Estado fracasa en lo esencial: prevenir el delito, garantizar justicia, y reparar a las víctimas.
Porque este no es un debate técnico ni serio sobre justicia ni prevención, sino una jugada política. Una vez más, desde el poder se instrumentaliza el dolor de las víctimas como herramienta de validación electoral.
Desde un enfoque de género, lo primero que debo decir con claridad es esto: la violencia sexual no es producto de un impulso hormonal que puede inhibirse con una inyección. Es una forma de dominación, de control sobre cuerpos feminizados, de expresión de relaciones de poder profundamente patriarcales. Castrar al agresor no destruye esa estructura. Solo la disimula, esto sin desmedro de que la castración química respetando parámetros de derechos humanos y el debido proceso, pueda ser una salida para que los abusadores sexuales no vuelvan a reincidir.
Tampoco se trata de negar la urgencia. La violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en Ecuador es alarmante. Según cifras oficiales, en los últimos diez años se han registrado más de 70.000 procesos judiciales por delitos sexuales. Sabemos que, por cada caso denunciado, hay muchos más silenciados por miedo, por vergüenza o por desconfianza en la justicia. Y lo más alarmante aún, el porcentaje de procesos judiciales que llegan a tener sentencia es muy bajo, la revictimización a la que la justicia somete a la víctima muchas veces hace que estos procesos sean abandonados y no se obtenga justicia y reparación.
Pero apostar por la castración química como solución “estrella” equivale a lavarse las manos institucionalmente. Es evadir la responsabilidad estatal de crear políticas públicas preventivas, mejorar la educación sexual, investigar con enfoque de género, capacitar operadores de justicia, garantizar sentencias oportunas, y proteger integralmente a las víctimas.
¿Cómo puede el Estado castigar médicamente a una persona sin siquiera garantizar que fue correctamente procesada? No olvidemos que en el sistema penal ecuatoriano muchas veces ni siquiera se respeta la presunción de inocencia ni se garantiza el debido proceso. En un país donde un examen psicológico o un peritaje mal hecho puede marcar la diferencia entre libertad y prisión, hablar de medidas irreversibles como la castración química es extremadamente peligroso, el enfoque debe ser en mejorar sustancialmente el sistema de justicia actual que no da las mínimas garantías de debido proceso.
Más allá del debate sobre si esta medida reduce o no la reincidencia, lo urgente hoy es fortalecer las instituciones que deben actuar antes del crimen, no solo de manera reactiva. La respuesta estatal debe ir más allá del castigo. Debe ser reparadora, preventiva, integral.
En lugar de fármaco-justicia, necesitamos justicia real:
- Con atención psicológica especializada para víctimas.
- Con fiscales formados en violencia sexual y con enfoque de género.
- Con peritos independientes y confiables.
- Con prevención en escuelas, comunidades y redes digitales.
- Con masculinidades que aprendan a vivir sin dominar ni violentar.
Las mujeres y los NNA no solo necesitamos un Estado que castre a los agresores. Necesitamos un Estado que no nos abandone antes de que el daño ocurra.
Porque no hay justicia verdadera sin enfoque de género. Y no hay enfoque de género sin una voluntad real de transformar las estructuras que sostienen la violencia.
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