Para mí, abrir un Word cada semana significa poder transmitir ideas y pensamientos que considero fundamentales, desde lo habitual y cotidiano de vivir, hasta lo estudiado, leído, entendido y analizado. Representa la acción de querer ver días mejores para mi país. No representa revanchismo, politiquería, persecución ni nada que se le parezca; no tengo compromisos políticos ni adherencia con nadie. Me considero un socialdemócrata, humanista y amigo de todo lo que contribuya al bien común, sin etiquetas.

Es un poco incómodo escribir sin ser parte de la polarización: por un lado, me tildarán de noboísta, mientras que por el otro, de correísta. Pero más allá de una postura política polarizante o partidista, hoy, como en todos mis análisis, voy a hablar de lo que le falta a nuestro Estado, reconociendo que somos parte de él y que también somos parte del cambio.

Durante estas primeras semanas de octubre, tras revisar diversos libros, informes e incluso documentales sobre la historia republicana del Ecuador y las 20 constituciones que hemos acumulado, una más audaz que la anterior, he constatado una realidad evidente: las cinco «funciones» del Estado están, sencillamente, sin funcionar. Esta inoperancia les arrebata su razón de ser y las convierte en meros poderes estatales serviles al Ejecutivo de turno. Aunque en teoría fueron concebidas en la última Constitución para garantizar un mayor contrapeso político, la realidad de estos últimos 18 años demuestra nuestra incapacidad como país para unirnos y comprender que la democracia abarca mucho más que acudir a las urnas a dar el voto cada cuatro años.

Empiezo por el Poder Legislativo. Lastimosamente, esta función ha sido una de las más mediáticas y, al mismo tiempo, de las que registra los menores índices de aceptación desde su creación, al punto de que cerca del 88 % de los ecuatorianos no se siente representado por este cuerpo colegiado. A pesar de contar con las atribuciones fundamentales de legislación y fiscalización, en los últimos 18 años —salvo contadas excepciones— se ha dedicado a solapar y alcahuetear al Ejecutivo, ese mismo poder que concentra las jefaturas de Estado y de Gobierno durante un periodo de cuatro años, sin cumplir sus funciones de representar los intereses de la ciudadanía.

Continúo con el Poder Ejecutivo, ese que es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, que tiene a su cargo representar al Estado y también a su gobierno, y que para muchos posee facultades desmedidas creando un hiperpresidencialismo. Este poder tiene bajo su mando directo a los ministerios, embajadas y secretarías para dirigir la administración pública y la diplomacia. Además, se consolida con la potestad del veto legislativo para corregir o bloquear leyes de la Asamblea, y la potestad de seguridad, ejerciendo la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para decretar estados de excepción y controlar el orden público.

A su vez, este poder desmedido puede derivar en una autocracia que termine coartando a las demás funciones del Estado. Al existir una asimetría de fuerza tan marcada, los otros poderes terminan doblegándose ante el Ejecutivo, destruyendo el sistema de pesos y contrapesos indispensable para la democracia.

Continúo con el Poder Judicial no menos importante, pues el orden de mención responde a una simple estructura y no a un favoritismo—. Esta función padece problemas de fondo en todos los niveles de administración de justicia, desde los juzgados y tribunales de origen hasta las Cortes Provinciales y la Corte Nacional de Justicia. Con sus contadas excepciones, jueces de diversas instancias se han visto inmiscuidos en casos de prevaricato y en el dictamen de sentencias favorables a causas indefendibles o ligadas a Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), beneficiando a delincuentes y personas no aptas para convivir en sociedad.

A esto se suma el infaltable Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario donde las autoridades de turno han terminado manipulando los concursos y decidiendo de forma arbitraria a quién sancionar y a quién encubrir. En teoría, este órgano debió contar con solo 3 presidentes para sus periodos de 6 años, pero debido a incesantes escándalos de corrupción el país ha tenido un total de 8 presidentes. No menos importante resulta la Fiscalía General del Estado, donde los concursos de selección, amañados y direccionados en el camino, han logrado posicionar a serviles políticos por encima de los postulantes mejor puntuados.

Sigo con el Poder de Transparencia y Control Social, y en particular con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta institución registra una inestabilidad inverosímil: ha acumulado 13 presidentes en apenas 18 años —a un tramo ridículamente corto de la cantidad de mandatarios constitucionales de toda la historia republicana del país—, cuando en teoría, por su diseño institucional, debió contar con solo 6. Esta desmedida rotación, alimentada por incesantes casos de corrupción, pugnas de poder y maniobras políticas, ha terminado dinamitando su función primordial: la designación transparente de las máximas autoridades de control.

En la práctica, la extrema volatilidad interna del CPCCS, sumada al abuso de medidas cautelares, acciones de protección y recurrentes juicios políticos a sus consejeros, ha provocado un auténtico apagón institucional. Los concursos públicos acumulan retrasos intolerables: el país lleva más de 4 años esperando por la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 5 años sin un Defensor del Pueblo definitivo, cerca de 5 años de postergación en la renovación de jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y acumuló un histórico de 6 años de interinazgo en la Defensoría Pública. Mención aparte merece el proceso para contar con un Fiscal General legítimo, donde el concurso ha estado marcado por maniobras obscenas en las que los postulantes mejor puntuados terminan siendo descalificados por pretextos insustanciales y ridículos, allanando el camino para favorecer a perfiles serviles al poder de turno. Lo que nació para garantizar la transparencia terminó convirtiéndose en la traba más rígida e inestable para la democracia ecuatoriana.

Por último, pero no menos importante, se encuentra el Poder Electoral, institucionalizado principalmente a través del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este poder ha demostrado una incapacidad estructural para cumplir con su mandato constitucional dentro del Estado, al carecer de la capacidad logística y técnica para controlar el uso del gasto electoral y, peor aún, para auditar el origen de los recursos que financian a las organizaciones políticas. Lejos de actuar como un órgano autónomo garante de la democracia y la representatividad ciudadana, la institución se ha mostrado servil al Ejecutivo de turno. Ejemplo de ello es una presidencia enquistada en el poder durante años mediante prórrogas indefinidas, sosteniéndose a través de acuerdos bajo la mesa con los gobiernos de turno para asegurar la conveniencia política mutua por encima de la legalidad y la alternancia institucional.

Después de hablar de cada uno de los poderes del Estado y sus luchas para llegar a ser una verdadera función que guíe y sirva como sistema de contrapesos contra los poderes que tienen sus intenciones oscuras, los cuales siguen dañando al país, nos queda claro que el diagnóstico de nuestras instituciones es devastador, pero el desencanto no puede convertirse en resignación ni en apatía. Si las cinco funciones del Estado terminaron convertidas en poderes serviles y paralizados, fue precisamente porque como sociedad permitimos que la política se redujera al culto a la personalidad y al cálculo electoral cada cuatro años. Superar este colapso exige dejar de lamentar el deterioro institucional y empezar a trazar reformas de fondo que reconfiguren la estructura misma del Estado.

Para erradicar el hiperpresidencialismo, es indispensable debatir la transición hacia un modelo semipresencial o parlamentario que descentralice el poder del Ejecutivo y obligue a la construcción de consensos reales. En la Función Legislativa, la salida pasa por restituir un sistema bicameral que garantice el filtro y la doble deliberación de las leyes, exigiendo niveles rigurosos de preparación académica y experiencia profesional probada para quienes aspiren a una curul.

En el sistema judicial y la gestión de la transparencia, resulta urgente despolitizar los concursos de selección vinculando el nombramiento y la evaluación de autoridades directamente con las universidades y gremios profesionales de reconocida idoneidad, impidiendo que el CPCCS o la partidocracia sigan manipulando las designaciones. Finalmente, la Función Electoral requiere una reforma integral al Código de la Democracia que dote al CNE de capacidad logística real para rastrear el dinero ilícito en las campañas, sancionar la financiación opaca y depurar de una vez por todas el registro de organizaciones políticas.

Me niego a aceptar que el futuro del Ecuador deba debatirse únicamente entre las trincheras de una polarización estéril. Apostar por el humanismo, la equidad y el bien común no es un capricho ideológico, sino la exigencia básica de contar con un país donde las reglas se cumplan y las instituciones vuelvan a trabajar para la gente. El cambio real no vendrá de Carondelet ni de un mesías de turno, sino de reformas estructurales profundas y de una ciudadanía crítica que asuma, finalmente, su rol como el verdadero contrapeso del poder.

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Al parecer a los ecuatorianos no nos importa la democracia o al menos sus elementos sustanciales. Los últimos informes 2024 y 2026 de la corporación Latinobarómetro dan cuenta de este fenómeno, conocido por la sociología como “antipolítica”.

Ni las elecciones “libres, justas y competitivas” ni los partidos nacionales con “estructura, liderazgo y propuestas programáticas” parecen importar a la hora de hablar de este régimen político de derechos y libertades, entendido así, al menos desde un punto de vista conceptual.

De ahí entonces, que la decisión tomada por la autoridad electoral de modificar para el próximo 29 de noviembre los comicios seccionales y del CPCCS previstos inicialmente para febrero de 2027 con base a un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre el impacto del fenómeno del Niño no haya causado el más mínimo asombro en la ciudadanía.

Tampoco las acciones adoptadas en torno a la suspensión en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas de partidos opuestos al oficialismo para bloquear su participación en estos comicios, el encarcelamiento de algunos alcaldes de oposición acusados de diferentes delitos o la última denuncia por presunto cobro de diezmos en la empresa municipal de pasajeros de la alcaldía de Quito en contra de su alcalde, Pabel Muñoz, quien busca la reelección.

Ecuador y la democracia, según el Latinobarómetro 2024-2026

De acuerdo a la tabla anterior, Ecuador lidera el ranking de 17 países de la región respecto de que la democracia puede funcionar sin partidos políticos e incluso sin elecciones, mientras nos ubicamos en lo último de la tabla al escoger si la democracia es preferible a cualquier otro sistema político.  Cifras preocupante si miramos que esta tendencia ya viene legitimándose hace al menos dos años y abre la puerta a todo tipo de arbitrariedades por parte del poder político de turno.

Esta suerte de “democracia sin partidos” como la tipifica el politólogo peruano, Martín Tanaka, se profundizó con la primera llegada al poder de Donald Trump en 2016, donde varios académicos de primer nivel como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt ya advirtieron sobre los riesgos de lo que ellos denominaron en 2018 como “autocracias” democráticamente electas.

Ante este escenario, donde las elecciones ni los partidos importan, la expresión de la pluralidad social característica de toda democracia, debería ser la esfera pública y la movilización social, pero todos sabemos en qué estado se encuentran ambos espacios con afrentas directas a la libertad de expresión, compra o cierre de medios independientes  y represión policial en las calles. ¿La salida? No se visualiza, al menos en el corto plazo, aunque todos deberemos acudir a las urnas. 

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El Ecuador atraviesa una de sus coyunturas más críticas y complejas de los últimos años. Lo que desde el gobierno se intenta maquillar con anuncios de rebajas mínimas y controladas en los precios de los combustibles, en la realidad cotidiana se traduce en una profunda crisis social, energética, sanitaria y de inseguridad que golpea sin piedad a las familias y a los sectores productivos. La estrategia oficial busca desviar la atención y disfrazarse de humanidad gubernamental, lo que en el fondo parece ser un cálculo político electoral milimétricamente trazado.

El país enfrenta enormes desafíos energéticos que no pueden ocultarse. La crisis eléctrica actual no solo responde al estancamiento en la creación de nueva generación, y a la corrupción de casos como PROGEN, sino también a una demanda creciente que, en países en desarrollo, debería ser una buena noticia de progreso, pero que aquí choca contra un muro de incapacidad y falta de oferta. Las alertas tempranas están encendidas: el caudal del embalse de Mazar disminuye de forma excesivamente rápida, dejándonos a escasos 10 o 15 metros de alcanzar el límite operativo y tener que recurrir a caudales de reserva aventurados.

Ante esta situación crítica, la estrategia estatal de “evitar apagones” ha demostrado ser un rotundo fracaso debido a su visión cortoplacista. La salida no es traer energía costosa, como la importación desde Colombia a un dólar el kilovatio-hora, cuando la hidroelectricidad local cuesta 7 centavos y considerando que el vecino país, por sus propias necesidades energéticas, ya no quiere vender, ni ceder ante empresas de dudosa procedencia. Cuando a compañías serias se les piden soluciones, exigen plazos reales de hasta dos años para instalar equipos nuevos; sin embargo, aparecen actores improvisados como el caso de Progen, prometiendo equipos nuevos en dos semanas, con los desastrosos resultados que el país ya conoce.

A este panorama se suma una burocracia estatal indolente. Mientras el Ministerio de Energía intenta dar autorizaciones, los trámites se estancan. El Ministerio de Finanzas demora hasta un año en otorgar garantías fiscales, y las direcciones zonales tardan dos años en aprobar estudios ambientales, inventando requisitos que no están en los reglamentos. Al mismo tiempo, existen actores políticos locales que bloquean proyectos privados de nueva hidroelectricidad y energías verdes. Este país, rico en potencial energético, tiene en fila cerca de 700 MW listos para construirse por el sector privado, pero están paralizados por la tramitología. Necesitamos pasar de una simple “estrategia de evitar apagones” a una verdadera política de Seguridad Energética Nacional a largo plazo.

Pero la indolencia estatal no se limita a la energía. Se refleja de forma directa y cruel en el colapso del sistema sanitario: no hay salud y la falta de insumos y medicinas es el pan de cada día. Este escenario de precariedad no solo golpea con un abandono sistemático a los pacientes renales, quienes se han visto obligados a mendigar justicia y exigir sus derechos en las calles debido a los gravísimos retrasos en la financiación de sus tratamientos vitales, sino que se extiende a pacientes oncológicos, personas con enfermedades crónicas y miles de ciudadanos que sufren la postergación indefinida de cirugías y atención básica. Mientras el régimen prioriza y despilfarra recursos públicos millonarios en mejorar la imagen propagandística del mandatario, se descuida la garantía de la vida, la dignidad y la salud pública de todos.

La indignación crece al analizar el colapsado sector productivo. El Gobierno exige durísimos y crueles sacrificios a la producción nacional mediante planes masivos de desconexión eléctrica que afectan a más de 9 mil empresas. Esta medida golpea severamente cadenas productivas enteras, como el sector lácteo y de alimentos perecibles, donde la imposibilidad de mantener la cadena de frío genera la pérdida diaria de miles de litros de leche y otros productos de primera necesidad. Sin embargo, en un escenario de privilegios incomprensibles, se ha revelado que en los registros oficiales de incumplimiento de estos cortes figuran corporaciones vinculadas a la familia presidencial y al Grupo Noboa, además de entidades públicas estratégicas que han quedado vulnerables.

Frente a este escenario desolador, surge una interrogante ineludible: ¿por qué el silencio en las calles? Resulta un fenómeno sociológico y ciudadano complejo observar cómo la población parece no reaccionar ante estos desórdenes gubernamentales. La sociedad ecuatoriana ha desarrollado una peligrosa tolerancia a las fluctuaciones de los combustibles, a los apagones interminables y a la desatención sanitaria. Más que simple aceptación, este letargo colectivo parece ser el síntoma de una ciudadanía agotada, enfocada en la pura supervivencia diaria y anestesiada por la constante acumulación de crisis, lo que ha terminado por normalizar la ineficiencia estatal y adormecer su capacidad de protesta e indignación.

Aprovechando este silencio ciudadano y frente a este indignante escenario, los candidatos del oficialismo actúan con una ventaja obscena y descarada en vísperas electorales. Utilizando todo el aparato, los recursos logísticos y financieros del Estado, hacen campaña anticipada en territorio. Ofrecen públicamente obras que no salen de su bolsillo, utilizan los ministerios para reuniones con gremios y organizaciones como plataforma y utilizan sus redes para promover planes, programas y proyectos institucionales como si fueran logros personales.

Esta nefasta práctica vulnera por completo la equidad democrática y rompe las reglas del juego republicano. No es aceptable que unos pocos privilegiados jueguen a placer con la chequera fiscal y los reflectores del poder central, mientras las organizaciones y candidatos de oposición compiten amarrados de manos. El Ecuador entero exige con urgencia respuestas claras de sus autoridades y la aplicación inmediata de reglas estrictas que castiguen este abuso institucional. Las próximas votaciones deben reflejar una competencia justa y transparente, no una ventaja abusiva construida sobre el sufrimiento y la crisis del país.

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Hay algo que aprendí cuando tuve la oportunidad de realizar mis estudios doctorales hace 10 años: cuanto más conocemos, más conscientes somos de todo lo que nos falta por aprender. Para mí, el doctorado es, ante todo, un camino de humildad.

Es descubrir que el conocimiento es prácticamente infinito, que siempre existen nuevas preguntas, otras perspectivas y realidades que merecen ser investigadas. Es comprender que aquello que considerábamos una certeza puede transformarse cuando incorporamos nuevas variables, contextos y evidencias.

Realizar un doctorado es una experiencia académica, intelectual y profundamente humana. Implica años de lectura, investigación, escritura, dudas, aprendizajes y, muchas veces, renuncias personales. Es un proceso que debemos aprender a conjugar con nuestra vida familiar, profesional y emocional. Detrás de una tesis doctoral no solamente hay resultados científicos; también hay historias de perseverancia, disciplina y crecimiento personal.

Hace más de una década, mis intereses de investigación estaban vinculados con los jóvenes, las audiencias digitales y sus comportamientos. Hoy continúo investigando en estas líneas y, aunque las preguntas de fondo pueden parecer similares, los escenarios han cambiado profundamente. Las plataformas digitales, las formas de interacción, los hábitos de consumo y las tecnologías nos obligan a revisar constantemente aquello que creíamos conocer.Y esa es, precisamente, una de las experiencias más enriquecedoras de la investigación: comprender que nunca terminamos de aprender.

El doctorado no es el final, es el comienzo

Hace pocos días tuve el privilegio de participar como integrante de un tribunal de tesis doctoral en la Universidad de Sevilla. Fue una experiencia especialmente significativa porque pude acompañar, desde otra responsabilidad académica, la culminación de un proceso de investigación de un colega a quien admiro y respeto profundamente.

El trabajo de mi colega, sustentado en una investigación rigurosa y cuatro publicaciones científicas, me recordó cuánto esfuerzo existe detrás de una tesis doctoral. Quienes hemos recorrido ese camino sabemos lo que significa investigar, someter nuestros trabajos a evaluación, recibir observaciones, reformular planteamientos y continuar trabajando hasta alcanzar los estándares de calidad que exige la comunidad científica.

Por eso, cada vez estoy más convencida de que obtener el título de doctor no significa haber llegado a la cima del conocimiento. Significa haber adquirido las herramientas y la responsabilidad para continuar investigando.

El doctorado nos forma para formular preguntas relevantes, desarrollar investigaciones rigurosas, contrastar evidencias y aportar nuevas interpretaciones a los problemas que estudiamos. Pero, sobre todo, debería despertar un compromiso permanente con la búsqueda del conocimiento.

En la universidad, esta responsabilidad adquiere un significado especial. Investigar y enseñar no deberían ser caminos separados. Hay algo profundamente gratificante en compartir con nuestros estudiantes los resultados de una investigación propia, explicar un fenómeno desde un artículo que hemos publicado o incorporar a una clase los hallazgos de un libro en el que hemos trabajado.

¿Comprendemos realmente lo que significa ser doctor?

En los últimos tiempos también he observado con cierta preocupación la manera en que se promocionan algunos programas doctorales y, particularmente, determinados reconocimientos de doctorado honoris causa, presentados en ocasiones casi como una oferta o una distinción de fácil acceso. Estas situaciones me han llevado a reflexionar sobre cuánto comprendemos realmente el significado de un doctorado y la responsabilidad que representa.

Es importante distinguir entre un doctorado académico, que exige formación investigadora y la elaboración y defensa de una tesis original, y un doctorado honoris causa, que constituye una distinción honorífica otorgada por una universidad para reconocer trayectorias y contribuciones extraordinarias a un campo del conocimiento o a la sociedad. Ambos tienen naturalezas diferentes y no deberían confundirse.

Personalmente, considero que recibir un reconocimiento honoris causa debería representar un honor excepcional. Cuando pienso en esa distinción, siento que todavía tendría muchísimo camino por recorrer para merecer algo semejante. No lo digo desde una falsa modestia, sino desde el profundo respeto que me inspira el conocimiento y quienes han dedicado su vida a generar aportes trascendentes.

Me preocupa que, en determinados espacios, los títulos académicos puedan terminar valorándose más por su capacidad de exhibición que por lo que verdaderamente representan.

El conocimiento no se construye desde la apariencia, sino desde el trabajo constante, la honestidad intelectual, la rigurosidad metodológica y el compromiso ético.

Investigar también es aprender a ser humildes

La ciencia necesita investigadores capaces de reconocer sus limitaciones, dialogar con otras perspectivas, aceptar las críticas y comprender que ningún trabajo, por importante que sea, constituye una verdad definitiva.Quizás una de las mayores enseñanzas del doctorado sea precisamente esa: aprender a convivir con la incertidumbre y descubrir que cada respuesta puede abrir nuevas preguntas.

Con los años he comprendido que el verdadero valor de una trayectoria académica no está únicamente en los títulos obtenidos, en el número de publicaciones o en los reconocimientos recibidos. Está también en lo que hacemos con ese conocimiento, en nuestra capacidad de compartirlo, en los estudiantes que acompañamos y en las preguntas que ayudamos a formular.

El doctorado merece ser valorado por lo que realmente significa: un proceso exigente de formación científica y una invitación a seguir aprendiendo durante toda la vida.

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Las señales están ahí. Hagamos un repaso de los últimos acontecimientos.

El 14 de septiembre de 2026, varios sectores de Quito sufrieron cortes imprevistos después de que Coca Codo Sinclair redujera su generación por un aumento extraordinario de sedimentos. CENACE ordenó un deslastre de carga temporal y la central, con 1.500 MW de capacidad instalada, tuvo que bajar su aporte. Días después, el Gobierno confirmó nuevas restricciones. Desde el 22 de septiembre, alrededor de 150 empresas e industrias de alto consumo empezaron a tener desconexiones de un día por semana para preservar el embalse de Mazar durante el estiaje. La medida busca reducir entre 600 y 1.000 MW de demanda. Y el 24 de septiembre, el ministro Juan Carlos Blum pidió a los hogares reducir alrededor del 10 % de su consumo eléctrico y dijo que “no es el momento de campeonatos de fútbol en la noche”.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿De verdad existe un plan estructural para evitar los racionamientos? Recordemos que, en enero de 2024, la Asamblea aprobó, con 131 votos, la Ley Orgánica de Competitividad Energética, promocionada políticamente como la ley “No Más Apagones”. Su objetivo era aumentar generación, atraer inversión y evitar futuras crisis eléctricas.  Pero dos años después, seguimos hablando de restricciones, ahorro forzado y empresas desconectadas.

Y además está PROGEN. En el llamado Caso Apagón, la Fiscalía investiga contratos de emergencia para Salitral y Quevedo por un total de USD 149,1 millones. Según la tesis fiscal, se pagaron anticipos por más de USD 104 millones por equipos que no habrían cumplido las condiciones técnicas y que no entraron en funcionamiento. Hasta el 27 de agosto de 2026, la Fiscalía reportó 31 personas procesadas por presunto peculado en esta causa, ninguno de ellos autoridades con responsabilidad política.

Por eso la preocupación no es ideológica. Es práctica. Ecuador ya vivió apagones severos. Tuvo tiempo para planificar. Tuvo una ley. Tuvo contratos de emergencia. Y hoy vuelve a pedirle a la gente que consuma menos.

Un país no puede llamar “plan energético” a cruzar los dedos para que llueva. Y mucho menos puede conformarse con una ley llamada “No Más Apagones” si, dos años después, el miedo a que vuelva la oscuridad sigue intacto.

Como ya es costumbre, no hay responsabilidad de Noboa ni de su gobierno.

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En Ecuador, cada vez resulta más difícil distinguir dónde termina la comunicación política y dónde comienza la construcción de una realidad paralela. El Gobierno de Daniel Noboa ha desarrollado una estrategia comunicacional en la que la imagen ocupa un lugar central: videos cuidadosamente producidos, piezas digitales, entrevistas controladas y anuncios diseñados para proyectar gestión, cercanía y resultados.

El problema aparece cuando esa representación se distancia demasiado de lo que existe fuera de la pantalla. El caso del nuevo hospital de Cayambe es probablemente el ejemplo más gráfico. El presidente anunció el 10 de septiembre que la obra había sido adjudicada y difundió un video con una simulación digital de cómo lucirá el hospital. Pero el propio IESS informó que todavía debía completarse la documentación, suscribirse el contrato y recién entonces comenzar la construcción. En el terreno, todavía no había hospital: había un proyecto adjudicado y un predio esperando el inicio de la obra.  

Y ahí está la diferencia entre informar y crear una percepción. Un render puede mostrar cómo será una obra. Lo que no debería hacer es sustituir, en la percepción pública, a la obra que todavía no existe. Es como elegir un plato en un restaurante por la fotografía del menú y descubrir, cuando llega a la mesa, que aquello que viste era apenas una representación de lo que algún día podrían servirte.

La política contemporánea utiliza imágenes, emociones y narrativas. Eso no es nuevo. Lo nuevo es la capacidad tecnológica para construir escenas cada vez más convincentes y distribuirlas a millones de personas antes de que alguien tenga tiempo de preguntarse qué parte corresponde al presente y qué parte pertenece al futuro.

La misma lógica aparece en los esfuerzos por humanizar la figura presidencial. Las entrevistas desde Carondelet, los espacios más personales y las conversaciones diseñadas para mostrar otra faceta del mandatario forman parte legítima de cualquier estrategia de comunicación política. El problema no es que existan. El problema comienza cuando la comunicación intenta reemplazar la gestión. Ningún encuadre de cámara puede resolver la inseguridad. Ninguna entrevista puede llenar una farmacia. Ningún video puede garantizar electricidad. Y ningún render puede convertirse en hospital solamente porque aparezca terminado en una pantalla.

Ecuador atraviesa además un momento en el que la confianza pública importa especialmente. En septiembre hubo cortes imprevistos de electricidad asociados a una reducción temporal de la generación de Coca Codo Sinclair, mientras el embalse de Mazar ha registrado una caída sostenida en su nivel. Eso no significa que exista hoy un cronograma nacional de apagones, pero sí recuerda que los problemas estructurales no desaparecen porque cambie la narrativa gubernamental.  

Por eso el debate no debería ser si el Gobierno comunica bien o mal. La pregunta debería ser otra: ¿la comunicación está explicando la realidad o intentando sustituirla? Porque una democracia necesita gobiernos capaces de contar lo que hacen.
Pero necesita todavía más gobiernos dispuestos a mostrar también lo que falta, lo que salió mal y aquello que todavía no pueden resolver.

Cuando una administración empieza a confundir propaganda con realidad, la ciudadanía termina viviendo en dos países. En uno están los renders, los videos, las entrevistas y los anuncios. En el otro están las calles, los hospitales, la inseguridad, el empleo y los servicios públicos. Y la política puede controlar durante algún tiempo el primero. Pero tarde o temprano siempre tiene que responder ante el segundo.

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La temporada de verano en la capital de la República viene acompañada de un intenso sol, ausencia de lluvias y vegetación seca, condiciones propicias para la generación de incendios forestales, aún más cuando a ello se suman factores como la prolongación de la época seca, la imprudencia de personas que realizan quemas agrícolas o que botan artículos propensos a combustión como botellas, vidrio, colillas de cigarrillos y algo mucho más grave, la acción de presuntos pirómanos que atentan contra la naturaleza.

Quito enfrenta varios incendios que han consumido cientos de hectáreas de vegetación en distintas zonas, siendo uno de los más graves el del cerro Casitagua que está ubicado en Pomasqui, en donde, según lo que se ha informado, son alrededor de 300 hectáreas las afectadas por el fuego, pero no es el único sector perjudicado, sectores como La Merced, Villaflora, La Bota, La Vicentina, Mercado Mayorista, Chiriboga, entre otros también lo fueron.

Las columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad y el olor a quemado nos muestran que hay una realidad que se repite, negligencia y mala intención por un lado y respuesta reactiva por otro, temas que deben cambiar, pues ni los pobladores pueden ejercer acciones desaprensivas que resulten en incendios, ni las autoridades deben fundamentar su trabajo en materia de riesgos desde la reactividad, la prevención debe ser la primera y constante acción en el manejo de esta problemática que se vuelve frecuente en la temporada seca.

Los incendios avivados por los fuertes vientos, vegetación marchita y el difícil acceso a los sitios donde se originan ponen a prueba a quienes luchan con ahínco por sofocar las llamas así como a la ciudadanía, sobre todo a quienes viven cerca y ven amenazadas sus propiedades y, fundamentalmente, sus vidas; de allí que se vuelve un imperativo preparar a la población mediante campañas sostenidas de edu-comunicación que deben acentuarse en los períodos de mayor complejidad y tener como sustento políticas públicas de prevención.

Está claro que no se puede dar por sentado que la población sabe exactamente qué hacer y qué no ante una situación de riesgo, por ello, las autoridades y sus asesores deben entender que los procesos de educación comunitaria no pueden ser esporádicos ni emergentes; cambiar comportamientos y costumbres toma años, sostenerlo en el tiempo es clave con participación de los distintos sectores que conforman la capital, autoridades haciendo frente, instituciones, sector privado, academia, medios de comunicación, la comunidad como parte fundamental y edu-comunicadores que sostengan los procesos con pedagogía y compromiso, pues en estos incendios cada vida perdida es dolorosa, aunque hay que agradecer que no ha habido pérdidas humanas debido, entre otros temas, a la labor titánica del Cuerpo de Bomberos y de ciudadanos que han arriesgado su propia integridad por apoyar, la flora y la fauna perdidas constituye un gran menoscabo para todos.

No es cuestión solo de informar lo que no se debe hacer, hay que ir mucho más allá, se trata de comunicar, formar, explicar y escuchar a la población, el trabajo debe ser arduo y permanente en escuelas, barrios, organizaciones, puerta a puerta si es necesario, de eso se trata hacer edu-comunicación, ir formándonos de modo constante en la cultura del cuidado y el respeto a la naturaleza de la que somos parte, sin un real involucramiento y compromiso comunitario de todos quienes habitamos aquí, se vuelve más difícil hacer prevención.

Las imágenes de los incendios son conmovedoras, ver las llamas tan cerca de las viviendas, a la gente angustiada intentando ayudar, a la vegetación consumiéndose, a animales huyendo de las brasas que terminaron con su hogares nos debe convocar a prepararnos para evitar en la medida de lo posible que eventos como estos se repitan cada verano, recordemos que el incendio no termina cuando se lo logra controlar, sino que sigue presente en el paisaje, en la contaminación del aire, en la salud de los habitantes y en el saldo lamentable de todo lo que se perdió.

Desde ello, hay que enfatizar en el trabajo preventivo como eje de la intervención, pues la reacción, aunque necesaria y eficiente, no subsana el daño que implican estos incendios forestales, de allí que los esfuerzos deben centrarse en educación ambiental y comunicación continua, vigilancia comunitaria, reducción y mitigación de los riesgos, sanciones ejemplarizadoras a los pirómanos, por citar algunas.

La labor de prevención y educación debe ser ardua y constante para lograr cambios en los comportamientos de las personas que aún no comprenden la gravedad de ejercer acciones que ponen en peligro a la naturaleza; es necesario destacar que los medios de comunicación, líderes de opinión, influenciadores también pueden ejercer un rol importante que vaya más allá de las coberturas de los incendios, ubicar en sus agendas permanentes temas de prevención y edu-comunicación que logren hacer incidencia en los comportamientos de todos es una buena forma de contribuir con la comunidad y con la naturaleza.

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Ahora, cuando nuevamente empezamos a hablar de elecciones y vuelve a aparecer esa conocida polarización entre correístas y noboístas (creo que si hay noboístas), inevitablemente hago un ejercicio de memoria. Intento recapitular lo que hemos vivido durante los últimos veinte años, o al menos durante el tiempo en que he podido ejercer conscientemente mi derecho al voto.

Hay algo que quiero decir desde el inicio: siempre me he sentido en democracia. Con sus errores, sus tensiones y sus profundas diferencias, pero en democracia, esa que implica aceptar que no siempre gana la opción que uno quiere; esa que nos obliga a respetar la decisión de la mayoría y a convivir con ella.

Así llegamos a tener diez años de Revolución Ciudadana. Como país permitimos que ese proyecto político gobernara durante una década y, al haberlo decidido democráticamente, también debemos asumir colectivamente las consecuencias de aquel periodo, las positivas y las negativas. Quienes no creímos en ese proyecto tuvimos que respetar su tiempo y su proceso, porque precisamente de eso se trata la democracia. Después vendrían otros gobiernos, otras elecciones y nuevas decisiones ciudadanas.

Sobre los procesos electorales se ha dicho mucho. Personalmente, la única elección sobre la que todavía conservo dudas es aquella en la que resultó electo Lenín Moreno, por las circunstancias que rodearon el conteo de votos y el recordado episodio de la interrupción del sistema. En los demás procesos, considero que los resultados han sido los que fueron y que corresponde asumirlos: la elección de Guillermo Lasso, las consultas populares y, más recientemente, las dos elecciones que llevaron a Daniel Noboa a la Presidencia. Nos gusten o no los resultados, eso también es democracia.

Lo que vivimos actualmente, desde mi perspectiva, tiene mucho de chuchaqui político. Es la resaca de decisiones acumuladas durante años, de expectativas, promesas, desencantos y también de una polarización que parece impedirnos mirar con distancia lo ocurrido. Hay quienes todavía defienden proyectos políticos casi de manera automática, como si reconocer sus errores significara traicionar aquello en lo que alguna vez creyeron.

El actual Gobierno intenta reparar algunas cosas y toma decisiones sobre otras. Podremos estar de acuerdo o no con ellas; seguramente algunas serán acertadas y otras no. Pero es evidente que existe otro estilo de gobernar y que, más allá de quién ocupe Carondelet, quien gobierne hoy recibe un país atravesado por problemas que no comenzaron ayer.

Me duele profundamente observar hasta qué punto el narcotráfico y el crimen organizado han penetrado nuestra realidad. Y entonces, cada vez que escucho la conocida expresión “la culpa es de…”, me surge una pregunta incómoda: ¿y si parte de la culpa también es nuestra?

Tal vez hemos pasado demasiado tiempo buscando un nombre propio al cual responsabilizar. Correa, Moreno, Lasso, Noboa. Tal vez resulta más sencillo señalar al gobernante de turno que reconocer que durante más de veinte años nosotros también hemos elegido, permitido, respaldado, rechazado, callado o tolerado.

No todos votamos por los mismos candidatos, por supuesto. Pero una democracia no funciona únicamente cuando gana nuestra opción. Como sociedad somos responsables de cuidar nuestras instituciones, exigir a quienes gobiernan, informarnos antes de votar y, sobre todo, aprender de nuestras propias decisiones.

Existe una frase muy repetida que dice que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. No sé si siempre sea justa, pero sí creo que cada sociedad termina enfrentando, tarde o temprano, las consecuencias de sus decisiones colectivas y quizá eso es parte de lo que estamos viviendo hoy.

Me preocupan especialmente las nuevas generaciones. Lo digo como académica, investigadora y profesora universitaria, pero sobre todo como madre. Quiero que mi hijo pueda vivir tranquilamente en un país donde su opinión sea respetada; un Ecuador seguro, con oportunidades, donde los jóvenes no tengan que pensar que la única posibilidad de construir un futuro está fuera de sus fronteras.

Quiero un país donde ellos sean protagonistas de un pensamiento verdaderamente crítico y cuando hablo de pensamiento crítico no me refiero a repetir discursos políticos, consignas o tendencias de medios  sociales. Hablo de la capacidad de preguntar, contrastar, cuestionar y decidir con libertad, pero también con los valores que se construyen primero en casa.

La situación que atraviesa Ecuador es compleja. Sería ingenuo negarlo. Pero quizá ya no necesitamos seguir discutiendo únicamente de quién es la culpa. Tal vez necesitamos empezar a preguntarnos qué parte de responsabilidad nos corresponde.

La culpa nos mantiene mirando hacia atrás, buscando a quién señalar. La responsabilidad, en cambio, nos obliga a mirar hacia adelante y preguntarnos qué podemos hacer diferente. Tenemos que aprender de nuestra historia, respetar los procesos democráticos incluso cuando el resultado no nos guste, exigir transparencia a cualquier Gobierno, sin importar su tendencia, y abandonar la idea de que un presidente, un movimiento político o una elección resolverán por sí solos los problemas estructurales del país.

Yo sigo teniendo fe en Ecuador. Creo que, desde el lugar que cada uno ocupa —la universidad, la empresa, la familia, el servicio público, los medios, las comunidades—, tenemos algo que hacer.

Mirar hacia atrás sirve si es para comprender y aprender de nuestros errores. Pero un país no puede construir su futuro mirando permanentemente por el retrovisor. Tal vez la culpa sea nuestra pero, si también es nuestra la responsabilidad, entonces todavía está en nuestras manos cambiar lo que viene.

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Ante el desborde del crimen organizado, la pregunta que surge en la opinión pública y en las esferas de toma de decisiones es casi un reflejo condicionado: ¿Nos faltan policías?

La respuesta, sorprendentemente, es un rotundo NO en las matemáticas, pero un trágico SÍ en la realidad operativa.

El debate actual no debe centrarse en cuántos uniformados tenemos, sino en dónde están, cómo están distribuidos y a quién responden.

El espejismo de las cifras internacionales

Si miramos estrictamente el papel, Ecuador es un alumno aventajado. Con aproximadamente 57.054 servidores policiales en servicio activo para una población de 18,1 millones de habitantes, el país registra una tasa promedio de 317 policías por cada 100.000 habitantes.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sugiere un estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes para asegurar coberturas mínimas de prevención.

Matemáticamente hablando, Ecuador no solo cumple la meta, sino que la supera con un superávit de casi 2.700 servidores.

Sin embargo, en las calles, la capacidad operativa real nos cuenta otra historia. Existe una insuficiencia operativa, objetiva y verificable que ha obligado al Estado a recurrir al apoyo militar.

La institución está desbordada, pero no por falta de personal general, sino por una deficiente planificación logística y una distribución geográfica que roza el absurdo.

Una brújula averiada: la mala distribución territorial

El principal talón de Aquiles de nuestra estrategia de seguridad es cómo distribuimos nuestras fuerzas. Vivimos una desconexión total entre el mapa del delito y el mapa policial:

• Superávit en el remanso: Zonas de menor intensidad delictiva en la Sierra, como Quito, y la Amazonía concentran una cantidad excesiva de personal. Solo en la capital existe un exceso cercano a los 8.000 uniformados, superando por mucho los estándares técnicos.

• Déficit crítico en las trincheras: Mientras tanto, en los cantones más castigados por el narcotráfico en la Costa, como Durán, Daule o varios sectores de Manabí, la tasa de policías cae drásticamente a 139 por cada 100.000 habitantes; es decir, menos de la mitad de lo que exige la ONU. Nuestras unidades están numéricamente desprotegidas justo donde se libra la verdadera guerra.

El resultado de este desbalance es escalofriante. La tasa de muertes violentas ha alcanzado picos históricos de hasta 50,91 homicidios por cada 100.000 habitantes, posicionando al país entre los más peligrosos de América Latina.

En criminología, una tasa de 10 ya es considerada una epidemia; Ecuador hoy quintuplica ese límite.

El enemigo en casa: infiltración y crisis de calidad

Pero el problema no es solo de ubicación; es también moral e institucional. El crimen organizado transnacional ha utilizado su poder económico para perforar la estructura policial.

Hoy enfrentamos fugas de información que alertan a cabecillas antes de los operativos y alteraciones de historiales para ascender a elementos corruptos.

Más grave aún es el tráfico de armas desde los propios rastrillos estatales hacia las bandas, o la participación directa de oficiales activos en la protección del narcotráfico, extorsiones y robo de combustible.

A esto se suma la precarización del servicio. La urgencia política de incorporar miles de policías rápidamente para mostrar resultados, socavando los filtros de confianza —polígrafos, perfiles psicológicos y auditorías— y redujo los tiempos de formación.

Hoy tenemos agentes en la calle con una crónica falta de equipamiento tecnológico, chalecos balísticos caducados y patrulleros obsoletos, enfrentándose en severa desventaja táctica a mafias equipadas con fusiles de guerra.

Conclusión general: la ruta para refundar la seguridad

Ecuador está atrapado en una paradoja: tiene los policías necesarios, pero carece de la estrategia para usarlos.

Militarizar permanentemente las calles es apenas el síntoma de un sistema policial fragmentado y no una solución a largo plazo.

La salida de esta crisis no requiere graduar policías masivamente para llenar cuotas políticas. Requiere una reestructuración técnica urgente basada en tres ejes innegociables:

1. Redistribución técnica inmediata: Hay que mover el músculo operativo. Los excedentes de personal concentrados en las zonas pacíficas de la Sierra deben ser reubicados directamente en los distritos críticos de la Costa.

2. Depuración profunda e interna: Es urgente limpiar la casa. Se deben implementar auditorías patrimoniales constantes y severas, acompañadas de pruebas de confianza rigurosas, para extirpar a los elementos infiltrados por los cárteles.

3. Justicia institucional contundente: El marco legal debe cambiar. Un mal elemento que arma o protege a las mafias no puede recuperar su libertad con penas irrisorias. La impunidad interna debe terminar.

No necesitamos simplemente más policías; necesitamos una mejor Policía.

Es hora de dejar de jugar con los números en el papel y empezar a recuperar, con estrategia y transparencia, el control del país.

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Durante años pensamos que el principal problema de las redes sociales era la cantidad de información que recibíamos. Hoy el problema es mucho más profundo: ya no siempre sabemos si esa información es real. Una fotografía puede haber sido fabricada. Una voz puede no pertenecer a quien aparentemente habla. Un video puede mostrar a un candidato diciendo algo que jamás dijo.

Las campañas políticas ya no se disputan únicamente en plazas, medios de comunicación, debates o recorridos territoriales. También se libran en una arena digital donde bots, algoritmos, inteligencia artificial y campañas de desinformación tienen la capacidad de alterar la percepción de la realidad.

El problema de los bots no es solamente que multipliquen mensajes. Su verdadero poder consiste en fabricar la sensación de mayoría. Cuando cientos o miles de cuentas repiten una misma narrativa, atacan al mismo candidato o posicionan simultáneamente una determinada etiqueta, un ciudadano puede asumir que está observando una opinión social generalizada.

Pero popularidad digital y opinión pública no son necesariamente lo mismo. Una tendencia puede ser orgánica, pero también puede ser impulsada artificialmente. Y mientras más difícil sea distinguir una de otra, menor será la transparencia de una campaña electoral.

A esto se suma un fenómeno todavía más peligroso: las fake news dejaron de ser únicamente textos o fotografías mal editadas. La inteligencia artificial permite hoy producir imágenes, voces y videos altamente convincentes, a bajo costo y en cuestión de minutos. Investigaciones recientes muestran que los deepfakes políticos pueden generar confusión, disminuir la confianza en las noticias y aumentar la desconfianza hacia las instituciones, incluso cuando su capacidad directa para cambiar el voto sigue siendo objeto de debate.

Ese último punto es fundamental. Tal vez una noticia falsa no consiga convencer a todos de una mentira, pero puede conseguir algo igual de grave: que nadie sepa qué creer. Ese es probablemente el mayor peligro de esta nueva era de desinformación. Cuando circulan suficientes contenidos falsos, manipulados o sacados de contexto, el ciudadano comienza a desconfiar no solamente de la mentira, sino también de la verdad. Y entonces aparece una paradoja peligrosa. Si mañana surge un video verdadero que compromete a un candidato, este puede simplemente decir que fue generado con inteligencia artificial. Si aparece una grabación auténtica, alguien puede asegurar que la voz fue clonada. Si una investigación periodística revela algo incómodo, puede ser presentada inmediatamente como parte de una campaña de desinformación.

La tecnología que permite fabricar mentiras también puede convertirse en el argumento perfecto para negar verdades. Esto empieza a alterar las propias reglas de la competencia democrática. Ya no debatimos sobre qué ciudad o qué país queremos. Debatimos sobre qué realidad es verdadera.

A nosotros, como ciudadanos, nos toca adquirir una nueva costumbre democrática: detenernos antes de compartir. Preguntarnos quién publica. Revisar la fuente. Buscar una segunda confirmación. Desconfiar especialmente del contenido diseñado para provocar una reacción emocional inmediata. Porque precisamente ahí encuentra terreno fértil la desinformación.

Estamos entrando en una época en la que saber leer ya no será suficiente. También tendremos que aprender a verificar. La democracia siempre ha dependido de ciudadanos informados. Ahora deberá depender, además, de ciudadanos capaces de distinguir información de manipulación. Porque si perdemos la capacidad de diferenciar lo verdadero de lo falso, las campañas políticas podrán seguir teniendo candidatos, papeletas y urnas; pero habremos perdido algo esencial antes de llegar a votar: la posibilidad de decidir sobre una realidad que todos podamos reconocer como cierta.

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