La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este sábado su ‘preocupación’ por una amenaza de bomba que se registró la noche del viernes en el edificio de la Corte Constitucional de Ecuador, lo que, dijo, se suma a otros supuestos ‘ataques recientes’ hacia el alto tribunal que ‘ponen en riesgo la independencia judicial’.
La CIDH aseguró en un comunicado que algunos de esos ataques fueron ‘incluso provenientes del Ejecutivo’ y añadió que la labor de quienes imparten justicia es esencial para garantizar los derechos humanos y proteger la democracia’.
‘Ecuador debe asegurar una justicia libre de interferencias y garantizar la seguridad de sus integrantes, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales’, afirmó la Comisión.
La amenaza de bomba se registró mientras los jueces estaban analizando varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra del decreto con el que el presidente Daniel Noboa convocó el viernes un referéndum para consultar a los ecuatorianos sobre la instauración de una Asamblea Constituyente, y que había sido emitido sin tener el dictamen favorable previo de los magistrados como establece la normativa.
La Policía señaló horas después que la alerta había sido falsa y finalmente el alto tribunal anunció la admisión a trámite de cinco demandas y la suspensión provisional de los efectos del decreto.
El pronunciamiento de la CIDH se une al que hicieron este sábado también dos relatoras de la ONU, quienes llamaron a ‘defender’ y ‘garantizar’ la independencia de la Corte Constitucional.
‘El equilibrio de poderes no es un capricho, es la esencia de la estabilidad democrática. La independencia de la Corte Constitucional de Ecuador debe ser garantizada, cualquier ataque a la Corte es un ataque a la democracia y el Estado de derecho’, afirmó la relatora para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, en su cuenta de la red social X.
Por su parte, la relatora sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, aseguró también en X que ‘todas las instituciones y actores gubernamentales tienen el deber de respetar y garantizar la independencia judicial’.
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