El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la presentación de varias denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presuntas irregularidades en las cuentas de campaña correspondientes a distintos procesos electorales y consultas populares desarrollados en los últimos años.
Según el reporte oficial, con corte al 27 de octubre de 2025, el TCE ha recibido varias denuncias en el caso de la Consulta Popular del Yasuní, se han ingresado seis denuncias relacionadas con organizaciones políticas y sociales que promovieron las opciones “Sí” y “No”. Entre ellas constan:
- UNE (opción Sí)
- CONAIE (opción No)
- Democracia Sí (opción Sí)
- Unidad Popular (opción Sí)
- Movimiento Amigo (opción No)
- Partido Socialista Ecuatoriano (opción Sí)
En el proceso de las Elecciones Anticipadas de 2023, el TCE registra una denuncia ingresada contra la alianza Actuemos (listas 8-23), por la circunscripción de asambleístas del exterior en Europa, Asia y Oceanía.
Asimismo, constan resoluciones en firme que derivaron en sanciones económicas para varias organizaciones políticas y sus responsables financieros. En el Referéndum 2023, fueron sancionados los representantes del Partido Socialista y de la UGTE (ambos por la opción No), con una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados cada uno. Una sanción similar recayó sobre el Partido Socialista en el proceso del Referéndum y Consulta Popular 2024, también por incumplimientos en el manejo económico de su campaña.
En cuanto a las resoluciones previas para la presentación de denuncias, el TCE mantiene procesos relacionados con las Elecciones Anticipadas de 2023, que involucran a las organizaciones Reto, Construye, ADN, Amigo, Pachakutik y las alianzas Claro que se Puede (listas 2-17-20) y Actuemos (listas 8-23), entre otras.
En el caso de la Consulta Popular del Yasuní 2023, el organismo también notificó denuncias contra la UGTE y contra el activista Pedro Bermeo, ambos promotores de la opción Sí.
El TCE continúa con la fase de análisis y trámite de estos expedientes, en cumplimiento de la normativa electoral vigente que regula la transparencia del financiamiento político y la rendición de cuentas de campaña.
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