NACIONALES SEGURIDAD

Colombia insiste en establecimiento de protocolo para deportación de PPL desde Ecuador

Luego de que Ecuador deportara casi 700 personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana este sábado, el Gobierno del país vecino reiteró en un comunicado que insistirá en el establecimiento de un protocolo bilateral que regule ese procedimiento.

La ministra encargada de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, subrayó que es indispensable pactar con las autoridades ecuatorianas una hoja de ruta clara y concertada, que permita organizar las deportaciones de manera coordinada y con el debido respeto a los derechos humanos.

La situación se intensificó entre la tarde del viernes 25 y la mañana del sábado, 26 de julio, cuando Ecuador expulsó a 603 ciudadanos colombianos.

Según la Cancillería colombiana, de este grupo, 543 eran hombres y 60 mujeres. Todos fueron recibidos en el Puente Internacional de Rumichaca, donde se activaron los protocolos de asistencia humanitaria, verificación de identidad y control migratorio, con apoyo de la Policía Nacional y otras entidades nacionales.

Durante este proceso, las autoridades detectaron 11 personas con órdenes de captura vigentes, una de ellas con notificación roja de Interpol. Posteriormente, se organizó el traslado de los retornados a sus lugares de origen, en cumplimiento del plan establecido por el Gobierno colombiano para este tipo de contingencias.

En paralelo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) activado en la zona fronteriza ajustó los procedimientos de recepción y atención con participación de autoridades nacionales y locales, incluyendo personal de la Policía, el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de la Igualdad, quienes trabajaron en la articulación de esfuerzos para asegurar el acompañamiento institucional necesario.

Más deportaciones esta semana

Según la Cancillería de Colombia, se prevé que entre el miércoles y el jueves de esta semana arribe un nuevo contingente de colombianos expulsados desde Ecuador, estimado en 493 personas.

Sin embargo, el Gobierno colombiano precisó que hasta el momento las autoridades ecuatorianas solo han enviado una lista preliminar con cerca de 300 nombres.

Liberación de presos sin procesos judiciales en Colombia

La oficina de Migración Colombia, encargada del control migratorio en Rumichaca, informó que muchos de los deportados no enfrentan cargos judiciales en su país de origen. 

Por lo tanto, aquellos sin antecedentes penales fueron liberados de inmediato, mientras que los requeridos por la Fiscalía fueron trasladados a la cárcel de Ipiales, en el departamento de Nariño, para ser puestos a órdenes de jueces locales.

Por otra parte, Ecuador advirtió a los colombianos deportados que no podrán regresar al país en los próximos 40 años. En caso de hacerlo, serán detenidos y enviados nuevamente a prisión.

Petro reacciona: “Ecuador nos responde con desdén”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras la deportación de presos colombianos desde Ecuador.

“Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Saénz, puede acercar y no alejar”, escribió en su red social X.

Además añadió: “El proyecto grancolombiano de Bolívar que podría tener otro nombre, por ejemplo: amazonía, es el corazón vital del mundo, y, por tanto, no debe dividirse. Si la grancolombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad. Si la grancolombia se encuentra, se encuentra la humanidad”.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) en Ecuador confirmó este sábado que deportará un total de 1.000 presos colombianos, de los cuales casi 700 ya fueron entregados a las autoridades colombianas.

La Cancillería ecuatoriana dijo que la comunicación de las deportaciones se hizo al Consulado de Colombia en Quito el pasado 8 de julio.

Las deportaciones de presos colombianos se cumplen siguiendo la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que fue reformada mediante la Ley de Integridad Pública.

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