Con un llamado a la transparencia y fuertes críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), este 3 de junio se presentó oficialmente en Quito la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La iniciativa está conformada por representantes de universidades, gremios de abogados, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de ejercer una veeduría independiente del proceso que designará al sucesor o sucesora de Diana Salazar, quien renunció en mayo pasado.
Paúl Ocaña, titular del Colegio de Abogados de Pichincha, preside la comisión y explicó: “La intención es acompañar el concurso desde afuera, levantar alertas y permitir el debate público”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos. Entre los participantes están la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad SEK, la Universidad de los Hemisferios, la Universidad Espíritu Santo, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Unión Nacional de Periodistas.
Cuestionamientos al reglamento
Uno de los principales puntos de crítica gira en torno al reglamento del concurso, que, según Ocaña, impone restricciones que podrían excluir a abogados penalistas calificados. El documento impide la postulación de profesionales que en los últimos diez años hayan defendido casos relacionados con 36 tipos penales específicos.
“¿Qué abogado penalista no ha defendido algún delito dentro de ese listado? Esto puede estar direccionado para beneficiar a fiscales, jueces, defensores públicos, o alguien por ahí”, advirtió.
A las objeciones se sumó Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), quien señaló demoras del CPCCS en la convocatoria del proceso, pese a que el mandato de Diana Salazar concluyó el pasado 8 de abril.
Dudas sobre la legitimidad
Otro elemento que genera preocupación es el origen del reglamento vigente, elaborado por un exvocal del Consejo de Participación que actualmente enfrenta un proceso judicial por el caso “Ligados”. Esto, según los miembros de la comisión, comprometería aún más la legitimidad del concurso.
La Comisión Cívica se ha propuesto actuar como un actor externo y vigilante, con la meta de garantizar un proceso de selección transparente, equitativo y libre de injerencias políticas o intereses particulares.
Post relacionados
