La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional abrió un proceso formal de fiscalización sobre los hechos de violencia registrados durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126.
De acuerdo con el documento aprobado por unanimidad, el proceso abarcará denuncias relacionadas con las manifestaciones en Cotacachi y Otavalo. Entre los hechos señalados también consta el asesinato del comunero indígena Efraín Fuerez, ocurrido en Imbabura.
Este 30 de septiembre, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas Santi, fue recibido en comisión general y presentó formalmente su pedido para que el Legislativo inicie un juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, Jhon Reimberg, por su presunta responsabilidad en la represión a las movilizaciones sociales.
Durante su intervención, Vargas expuso ante los legisladores los abusos cometidos durante las jornadas de protesta y presentó el testimonio de familiares de las doce personas detenidas en Otavalo. Afirmó que la represión vulneró derechos humanos fundamentales y solicitó que los ministros rindan cuentas ante la Constitución y los tratados internacionales.
La Comisión legislativa escuchó los planteamientos del dirigente indígena y tomó la decisión de iniciar una investigación parlamentaria para determinar responsabilidades políticas por el uso de la fuerza durante las protestas. El proceso se enmarca en el control político que ejerce la Asamblea Nacional frente a presuntas vulneraciones de derechos.
Llamado a la comunidad internacional
Vargas también hizo un llamado a la comunidad internacional, incluidos organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU y la OIT, para que investiguen la actuación del Gobierno ecuatoriano.
Ratificó que el movimiento indígena continuará su lucha hasta que se derogue el Decreto 126 y reiteró que sus bases no declinarán mientras no se respeten los derechos colectivos.
La Comisión continuará recabando información en las próximas sesiones, en las que se prevé convocar a los funcionarios señalados y a representantes de organismos de derechos humanos.
Comisión de Seguridad acusa a Comisión de Garantías de actuar fuera de la ley
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea denunció que la Comisión de Garantías Constitucionales incumplió la Ley Orgánica de la Función Legislativa al iniciar un proceso de fiscalización paralelo sobre los hechos de violencia registrados en las recientes movilizaciones.
Según la presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, su mesa notificó formalmente el 29 de septiembre el inicio de la investigación correspondiente, lo que impide legalmente que otra comisión legislativa aborde el mismo asunto.
Alarcón calificó como “nula e ilegal” la actuación de la Comisión de Garantías, que pese a la normativa vigente y a la resolución emitida, continuó con sus convocatorias. La funcionaria anunció que se tomarán las acciones necesarias ante este incumplimiento y reiteró que solo su comisión está facultada por ley para llevar adelante la fiscalización en este caso.
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