La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que tiene mayoría oficialista, revisó y aprobó un informe sobre el presunto tráfico ilegal de combustibles en Ecuador. El documento, de 99 páginas, tiene 13 conclusiones y 29 recomendaciones dirigidas a diferentes instituciones del Estado. La investigación muestra que este delito causa daños económicos graves y pone en riesgo las finanzas públicas.
Empresa del hermano del presidente sin acusaciones
El informe analiza varias empresas relacionadas con casos polémicos. En particular, revisa a Petronoboa S.A., vinculada al hermano del presidente Daniel Noboa, Santiago. La comisión afirma que, tras evaluar comparecencias y documentos, no hay evidencias de irregularidades en la compañía. En la conclusión número 12, dice que “no se evidencia irregularidad alguna, ya que de la información entregada, sí existen los documentos por parte de las instituciones, respecto a las actuaciones de la compañía en mención”.
El informe también señala que el tema ha sido usado con fines políticos y que no se detectaron irregularidades en las operaciones de Petronoboa. Además, indica que los 48 millones de galones adquiridos en 2024, valorados en 7.6 millones de dólares, muestran un crecimiento proporcional y razonable. La comisión destaca que las anulaciones de facturas denunciadas representan solo el 0,6% de la facturación total, y que estas anulaciones fueron justificadas, trazables y correctas ante el Servicio de Rentas Internas. Considera que estas anulaciones fueron casuales, de monto marginal y no afectaron los intereses del Estado.
Caso Copedesa, “perjuicio de varios millones”
La comisión sostiene que funcionarios públicos y socios de empresas como Copedesa, Corpalubri y Fuelcorp, participaron en redes delictivas que, según dice el documento, operan con impunidad.
La investigación explica que los operadores, en algunos casos, ocupaban cargos públicos y luego se vinculaban a empresas privadas, beneficiándose de información privilegiada. Esto, según la comisión, dañó la integridad pública y facilitó operaciones ilícitas. El fiscal del caso Triple A confirmó la existencia de una red organizada, en la que participaba el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otras figuras y estaciones en la frontera.
Por otro lado, el informe indica que Copedesa sí perjudicó al Estado, especialmente en la estación Zambrano. La pérdida en ese punto alcanza los 6 millones de dólares, equivalentes a 2.7 millones de galones de combustible.
El documento concluye que el tráfico ilegal de combustibles en Ecuador sigue siendo un problema grave que afecta la seguridad y la economía del país. La comisión recomienda fortalecer los controles, revisar las leyes y sancionar con firmeza a quienes participen en estas redes.
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