La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó este martes el archivo del proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, impulsado por la asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta.
Tras desatar polémica entre los legisladores, con 9 votos a favor, la mesa de trabajo parlamentaria dio paso al archivo de esa normativa que proponía sancionar a las iglesias por emitir manifestaciones de carácter político o electoral o promover conductas contrarias a los derechos humanos o libertades fundamentales durante sus actividades religiosas, lo que podía ser castigado incluso con su disolución.
La Ley también proponía que las iglesias fuesen objeto de auditoría por parte de la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) al uso de los fondos públicos entregados a estas organizaciones religiosas.
Durante el debate en la Comisión, el asambleísta de la bancada del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, señaló que el proyecto pretendía imponer la «ideología de género» en las iglesias.
Por su parte, la asambleísta de la RC y presidenta de la Comisión, Paola Cabezas, defendió el proyecto y enumeró cuatro motivos: la protección al Estado laico y la libertad religiosa, la pretensión de crear un Consejo Consultivo religioso, competencias y buscar beneficios tributarios para las iglesias.
El archivo del proyecto de ley se concretó a petición la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien a su vez ejerce de presidenta de ese movimiento político.
González pidió que el proyecto fuera archivado tras la controversia causada por el texto, criticado tanto por la bancada del oficialista ADN, partido del presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección, al que se enfrentará en la segunda vuelta de los comicios el próximo 13 de abril; así como por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).
“Es un tema que se ha usado para politizar algo tan delicado como es la fe. Como ustedes saben, yo soy una mujer cristiana creyente en Dios, respetuosa de las diferentes religiones cristianas y de las demás expresiones que tengan los ciudadanos”, dijo.
“Soy miembro de la Iglesia Evangélica Alianza Cristiana y Misionera, practicante de mi religión, y asisto a una iglesia permanentemente. Defiendo la libertad que tiene cada iglesia del manejo de sus recursos de origen privado que no tienen por qué ser fiscalizados desde la Contraloría General del Estado”, añadió.
Conferencia Episcopal celebró el archivo de la Ley
La Conferencia Episcopal celebró en un comunicado el archivo del proyecto de ley, al que calificó de “malintencionado, deficiente, sectario, peligroso e inconstitucional”.
“Lo sucedido en la presentación de dicho proyecto de ley agredía y violentaba los derechos del 70 por ciento de ciudadanos ecuatorianos que se confiesan católicos. ¿Ser católico es un delito? ¿Los católicos merecemos ese trato agresivo y despectivo?”, se preguntó la Conferencia Episcopal.
“De ninguna manera, la laicidad significa que el Estado deba limitar el accionar de las organizaciones religiosas, o establecer un régimen de sanciones para quienes manifiesten mensajes contrarios al poder de turno, o imponer creencias ajenas a sus propias creencias como la ideología de género”, sostuvieron los obispos ecuatorianos.
“Esta pretensión solo refleja el deseo de imponer un control ideológico contrario a la autonomía de las religiones, que han sido, desde siempre, el último refugio de libertad, incluso bajo regímenes totalitarios, donde la defensa de la vida, la libertad y la justicia es vista como una ofensa y una amenaza”, concluyeron.
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