El bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) celebró, el pasado 7 de junio de 2025, la aprobación de la reforma a la Ley de Solidaridad, cuyo objetivo es abordar legalmente el conflicto armado interno que afecta a Ecuador. Sin embargo, pocos días después, surgieron errores en el texto que han obligado a una corrección inmediata.
Discordancia legal sobre la figura del indulto diferido
La Comisión de Desarrollo Económico, responsable del trámite legislativo, identificó una contradicción entre la Ley de Solidaridad y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Mientras el presidente Daniel Noboa propuso inicialmente un “indulto anticipado”, la Asamblea modificó el concepto y lo convirtió en un “indulto diferido”. Esta medida suspende la prisión preventiva y se activa únicamente cuando la sentencia esté ejecutoriada.
A pesar del cambio conceptual, la reforma penal mantenía la denominación anterior. Por esa razón, la Comisión propuso una nueva reforma a la Ley de Solidaridad, esta vez a través del proyecto de Ley de Integridad Pública. El objetivo es modificar el artículo 72 del COIP y sustituir el término “indulto anticipado” por “indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno”.
Nuevas condiciones para otorgar el indulto
El nuevo indulto se concederá exclusivamente en casos humanitarios o de interés público excepcional. No aplicará si el procesado enfrenta cargos por delitos contra la administración pública, genocidio, desaparición forzada o crímenes con motivaciones políticas. Además, la reforma a la Ley de Solidaridad establece que el indulto no interfiere con las investigaciones penales ni con una posible responsabilidad del Estado.
Implicaciones jurídicas inmediatas
Hasta que la nueva ley entre en vigencia, existe un vacío legal que afecta la coherencia normativa. Por ejemplo, los militares involucrados en el caso Malvinas ya solicitaron hábeas corpus invocando los beneficios de la Ley de Solidaridad. Sin embargo, la falta de precisión legislativa podría complicar la interpretación jurídica.
La Comisión insiste en que la reforma es indispensable para garantizar la seguridad jurídica y evitar vacíos que afecten procesos penales en curso. Esta reforma a la Ley de Solidaridad resulta esencial para que la normativa del Legislativo mantenga coherencia y respaldo constitucional.
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