El Comité de Derechos Humanos (DD.HH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó un informe este jueves, 7 de noviembre, donde mostró preocupación por “las frecuentes y aparentemente normalizadas” declaraciones de estado de excepción en Ecuador, a nivel local y nacional desde enero de 2024.
El documento, dado a conocer durante la revisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la evaluación periódica de Ecuador, resaltó la persistencia de esa medida, “incluso utilizando el conflicto armado interno como justificación, a pesar de las sentencias pertinentes de la Corte Constitucional”, detalló el texto.
Según ese Comité, los estados de excepción derogan derechos fundamentales consagrados en ese Pacto, como la libertad de circulación, así como la libertad de asociación y reunión.
Para los expertos en DD.HH, cualquier medida de estado de excepción debe ser temporal, estrictamente necesaria y estar sujeta a una pronta revisión judicial.
Asimismo, calificó como preocupante “la corrupción que afecta a la Función Judicial en el país andino y por la falta de salvaguardias para proteger a jueces, fiscales y otros profesionales del derecho de asesinatos, amenazas, intimidaciones y ataques.
En este sentido, el Comité de la ONU pidió al Gobierno de Ecuador que investigue los presuntos actos de corrupción en el poder judicial, procese a los responsables y garantice que los profesionales del derecho puedan desempeñar sus funciones con seguridad e independencia.
Por último, el informe se refirió a la crisis carcelaria en esta nación sudamericana y reiteró que el Estado debe adoptar medidas para garantizar que, en la ley y en la práctica, toda persona detenida o encarcelada goce de todas las garantías jurídicas consagradas en los artículos 9 y 14 del Pacto.
El informe del Comité de DD.HH de la ONU se dio a conocer durante la revisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la evaluación periódica de Ecuador.
A propósito, este miércoles, 6 de noviembre, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa propuso una reforma parcial a la Constitución para remover a las personas privadas de libertad (PPL) de la categoría de grupos de atención prioritaria.
El jefe del Ejecutivo pretende reformar los capítulos 35 y 51 de la Carta Magna de Ecuador.
Por décadas el sentido de la justicia no ha existido cuando se trata de la distribución de recursos y servicios públicos (…) Prioridad solo para quienes lo necesitan y lo merecen”, dijo el mandatario a través de su red social X.
La propuesta será enviada a la Corte Constitucional y luego deberá ser tramitada en la Asamblea Nacional, plasmó el texto.
En Ecuador rige desde enero último la declaratoria de conflicto armado interno, disposición con la cual Noboa busca frenar la inseguridad y el crimen organizado.
En medio de ese contexto, el gobernante decidió militarizar las cárceles, consideradas epicentros de la crisis de seguridad que sufre el país.
