Billy Navarrete, directo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reveló este viernes, 27 de diciembre, que esa organización solicitó a la Defensoría del Pueblo esclarecer la situación jurídica de los 16 militares involucrados en la desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas, desde el pasado 8 de diciembre en Guayaquil.
En declaraciones al programa A Primera Hora, que se transmite por Radio Armónica y Primera Plana, Navarrete recordó que los militares, que están siendo investigados, deberían estar bajo custodia de la fuerza pública y no en su lugar de trabajo, en la Base Aérea de Taura.
“Actualmente ellos se encuentran en sus lugares de trabajo, se encuentran dentro del cuartel aéreo de Taura y en principio creería que deberían estar, al menos, bajo custodia de la fuerza pública y tener acceso a defensa voluntariamente. Es decir, que, si alguien se encuentra señalado como responsable de un delito tan grave como este, debería tener la libertad de decidir quién lo defienda y no la institución a la que pertenece, eso podría ser una posibilidad”, reiteró.
De igual manera, Navarrete cuestionó las declaraciones que dos de los uniformados involucrados en la desaparición forzada de los menores, ofrecieron este jueves al portal La Posta, donde aseguraron que los abandonaron vivos (a los menores), «sanos y salvos» y rechazaron haberlos golpeado antes de su liberación.
“Nos parece que siguen un guion que ya había sido trazado por el propio ministro de Defensa. Tenemos la impresión de que no son declaraciones en libertad, que no son del propio atributo de las personas que aparecen ahí diciendo lo que dicen y eso tiene que ver con las circunstancias en la que estas personas, me refiero a los 16 militares, se encuentran”, denunció.
Según relataron los uniformados a La Posta, la patrulla donde iban los menores detenidos encontró un árbol en el camino a una Unidad de Policía Comunitaria, pero allí ellos les pidieron que los dejaran libres porque no querían ir presos tras haber sido denunciados por la ciudadanía en un delito flagrante.
«Estas personas aprehendidas piden que se los deje ir, que no van a volver a hacerlo, que, por favor, que los dejen ir», dijo la persona identificada como “Militar Uno”.
No obstante, el testimonio de un ciudadano, cuya identidad permanece en reserva, contradice esa afirmación y dijo que encontró a los adolescentes desnudos y les prestó su celular para que llamaran a sus familiares.
Uno de ellos se comunicó con su padre y le envió la ubicación exacta por WhatsApp, pero cuando llegaron ya no estaban en el sitio indicado.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, admitió que, según el informe de los 16 militares, los menores fueron detenidos bajo sospecha de robo, una versión que rechazan los familiares y de lo cual no existen indicios.
Este jueves, los familiares de los niños comparecieron ante la Asamblea Nacional y reiteraron que “los cuatro menores son estudiantes, no pertenecen a ninguna banda y no tienen tatuajes”.
“Mi hijo mayor es futbolista federado, entonces no entiendo por qué han hecho este daño a estas tres familias. Estamos sufriendo… Tengan misericordia”, señaló Luis Arroyo, padre de los hermanos desaparecidos Ismael Arroyo, Josué Arroyo, de 14 y 15 años,
Entre tanto, los miembros de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, cuestionaron la ausencia del alto mando militar a la convocatoria por parte de esa mesa de trabajo, para brindar información sobre la desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas.
“La comisión tenía previsto recibir a Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y; Celiano Cevallos, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que brinden información para esclarecer los hechos ocurridos. Sin embargo, las autoridades excusaron su asistencia”, detalló la mesa parlamentaria a través del sitio web de la Asamblea Nacional.
Al inicio de la sesión, el presidente encargado de la Comisión, Samuel Célleri condenó la inasistencia de las autoridades.
“Esta no es una fiscalización más, se trata de las vidas humanas de cuatro menores de edad desaparecidos hace 18 días y merece la atención de las autoridades del Estado directamente relacionadas”, dijo.
La Comisión convocará nuevamente a las autoridades el próximo 30 de diciembre para continuar su proceso de control político.
El pasado martes fueron hallados varios cuerpos calcinados cerca de la base de Taura, aunque aún no se confirma si pertenecen a los menores desaparecidos y las pruebas de ADN podrían tardar entre 30 y 40 días.
El 31 de diciembre venidero se realizará la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
Mientras, el país espera respuestas claras sobre un caso que ha conmocionado a la nación.
El experto en temas de seguridad Fernando Carrión también dijo al programa A Primera Hora que hubo claras contradicciones por parte del discurso gubernamental respecto al caso, aunque consideró que la Fiscalía y la justicia están actuando acorde a los procedimientos.
Hubo declaraciones desafortunadas del ministro Loffredo, que al parecer buscaban aplacar el asunto en el escenario preelectoral, apuntó Carrión.
La jueza constitucional de Guayaquil, Tanya Loor Zambrano, declaró este martes el caso como un hecho de desaparición forzada y dictó medidas de reparación integral, como que el Estado, por medio del sistema nacional competente, continúe con los actos de investigación para dar con el paradero de los niños.
