El Comité de Ética de la Asamblea Nacional conoció la tarde del lunes, 25 de agosto, la denuncia presentada por la asambleísta Mishel Mancheno (ADN) en contra de la legisladora Nuria Butiñá (RC5).
De acuerdo con el reglamento, en tres días se notificará a la denunciante para que presente las pruebas de cargo. Por su parte, la legisladora investigada tendrá diez días para ejercer su defensa y entregar los descargos. Posteriormente, ambas partes deberán acudir a una audiencia convocada por el Comité.
El escrito se ingresó el 21 de agosto y fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 23 del mismo mes.
Mancheno difundió la acusación a través de un video en X. Afirmó: “Un exasesor que colaboró en su despacho denunció que le solicitaron entregar parte de su sueldo, alterar declaraciones juramentadas y soportar hostigamiento permanente. Existen pruebas claras que confirman estos hechos”. La grabación duró 34 segundos.
La denuncia está vinculada a presuntos cobros indebidos, la alteración de documentos y actos contrarios a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Esta prohíbe gestionar o recibir aportes económicos indebidos durante el ejercicio de la función pública.
Postura de Butiñá y trámite legislativo
Concluido el proceso, el Comité de Ética deberá redactar un informe motivado y remitirlo al Pleno de la Asamblea para deliberación y resolución. El organismo está integrado por los legisladores Johnny Lavayen, Besibell Mendoza, Katherine Pacheco, Sergio Peña y Manuel Choro.
El 22 de agosto, Nuria Butiñá publicó un video en X. Señaló que es víctima de “difamación y calumnia”. Indicó que la acusación proviene de un exasesor destituido “por incompetencia y vagancia”. Subrayó que cuenta con más de 35 años de experiencia profesional y ha sido auditada en varias ocasiones.
Añadió que Mancheno y Peña buscan “levantar una cortina de humo” para desviar la atención de un escándalo de corrupción que involucra a dos de sus compañeros.
Otra denuncia por diezmos en el Parlamento
La pasada semana, La Posta denunció que Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, incluyó en nómina a la esposa de un chófer con antecedentes penales que no pudo trabajar directamente en el Legislativo, con la intención de cubrir el pago de los servicios del conductor.
Según La Posta, Álvarez solicitó transferencia del excedente mensual del dinero del chófer a la cuenta de Soledad Padilla.
Álvarez respondió que la persona trabajó cuatro meses como asistente con contrato legal y que cuenta con una declaración juramentada de ella desmintiendo lo que calificó como una historia falsa.
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