El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) inició este jueves en Ginebra el examen al Estado ecuatoriano sobre las medidas adoptadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de desaparición forzada en el país.
La evaluación ocurre en un contexto de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre presuntas violaciones graves cometidas en operativos de seguridad.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) adelantó que, durante este proceso, alertará ante el organismo internacional sobre lo que considera un patrón de desapariciones forzadas atribuidas a agentes militares, que según datos de la Fiscalía sumaría más de 51 víctimas desde la declaratoria del Conflicto Armado Interno (CANI) en enero de 2024.
Relatores piden aclaraciones sobre el “Plan Fénix” y control civil a las Fuerzas Armadas
Al inicio de la primera sesión del examen al Estado ecuatoriano, integrantes del comité formularon varias preguntas relacionadas con el modelo de seguridad implementado en el país.
El relator para Ecuador del Comité contra la Desaparición Forzada, Paulo de Tarso, consultó si el denominado “Plan Fénix” —estrategia de seguridad del Gobierno— es un plan formalmente escrito y accesible, de manera que pueda ser conocido y revisado también por la sociedad civil.
Por su parte, la relatora del comité, Carmen Rosa Villa, preguntó cuáles son los mecanismos de control civil sobre las Fuerzas Armadas cuando estas participan en tareas de seguridad interna.
La funcionaria también solicitó explicaciones sobre cómo se desarrollan los patrullajes militares, quién dirige estas operaciones, qué autoridades las supervisan y qué mecanismos de rendición de cuentas existen.
Asimismo, pidió información sobre las medidas adoptadas por el Estado para evitar que la narrativa del “enemigo interno”, especialmente en contextos de protesta social, derive en detenciones arbitrarias.
La relatora señaló las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien afirmó: “quédense en sus casas para evitar daños colaterales” en el marco de un toque de queda anunciado para implementarse la siguiente semana.
Ante ello, preguntó cómo evitará el Estado ecuatoriano que se produzcan excesos en el uso de la fuerza pública y qué medidas existen para garantizar que su actuación respete estrictos criterios de legalidad y proporcionalidad, así como mecanismos efectivos de supervisión, prevención de abusos y rendición de cuentas.
El comité también expresó preocupación por lo que considera una normalización de la militarización de la seguridad pública, especialmente por el uso reiterado de estados de excepción.
Amnistía Internacional advierte sobre riesgos de impunidad
En el marco de esta revisión, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la persistencia de estos casos y por el riesgo de que continúen ocurriendo en el país.
“Estamos ante una oportunidad crucial para que la comunidad internacional conozca que, bajo la administración de Noboa, los militares han cometido desapariciones forzadas y que las familias de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de la organización.
La entidad presentó información al comité basada en su informe “Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador”, que documenta diez casos de desaparición ocurridos en cinco operativos de seguridad en 2024, dentro de la estrategia de seguridad militarizada impulsada por el Gobierno.
Condena a militares por caso de adolescentes en Guayaquil
Entre los avances recientes citados por organizaciones de derechos humanos se encuentra la sentencia emitida el 22 de diciembre de 2025, cuando un tribunal condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada de cuatro adolescentes afrodescendientes del sector Las Malvinas, en Guayaquil.
Otros cinco uniformados recibieron penas reducidas de 30 meses de prisión tras colaborar con la investigación, mientras que un teniente coronel procesado como cómplice fue absuelto.
La sentencia también ordenó medidas de reparación, entre ellas disculpas públicas y una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura. El fallo fue publicado oficialmente el 24 de febrero de 2026 y posteriormente fue apelado por dos de los sentenciados.
Además, este martes 10 de marzo de 2026, la Corte Constitucional declaró que Josué (14), Ismael (15), Steven (11) y Nehemías (15) fueron víctimas de desaparición forzada. Por unanimidad, los 9 jueces aceptaron la acción extraordinaria de protección, declararon la vulneración del debido proceso en la garantía de motivación y restituyeron la acción de Habeas Corpus que había sido concedida inicialmente por una jueza el 31 de diciembre de 2024, y que fue revocada el 19 de mayo de 2025 por la sala penal de la Corte de Justicia de Guayas.
El tribunal concluyó que los menores de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron privados de su libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares durante operativos de seguridad en diciembre de 2024. La sentencia subraya que el Estado falló en proporcionar información inmediata y veraz sobre el paradero de los niños, incurriendo en una grave violación a los derechos humanos.
En su sentencia, la Corte recordó que, “en contextos de seguridad o de estados de excepción, los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse. En ese sentido, enfatizó que las actuaciones de los agentes estatales deben desarrollarse con estricto respeto a la Constitución y a los derechos constitucionales; especialmente cuando involucran a niñas, niños y adolescentes”.
La sentencia, que tiene carácter inapelable, establece una serie de medidas de reparación integral para los familiares de las víctimas.
Limitaciones en las investigaciones
Amnistía Internacional también señaló que la unidad fiscal encargada de investigar el uso ilegítimo de la fuerza ha enfrentado limitaciones operativas. Hasta diciembre de 2025 contaba con siete fiscales para todo el país, y solo uno en la región costera, donde se concentra el mayor número de denuncias.
En enero de 2026 se incorporó un nuevo fiscal a la unidad especializada, una medida considerada positiva por las organizaciones, aunque insuficiente para atender todos los casos con rapidez y profundidad.
Riesgos para familiares que buscan a desaparecidos
Las preocupaciones también se extienden a la seguridad de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. El 24 de diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras, al considerar que enfrentan un riesgo grave en el contexto de la estrategia de seguridad militarizada.
Según el CDH Guayaquil, el 22 de enero de 2026 militares habrían ingresado al domicilio de familiares de Óscar Arturo Adrihan Bravo y Jonathan Gabriel Adrihan Bravo, dos de los desaparecidos que cuentan con estas medidas, con el objetivo de intimidarlos.
Al día siguiente se instaló una mesa interinstitucional en Guayas para dar seguimiento a las medidas de la CIDH, aunque organizaciones señalaron que el Ministerio de Defensa no participó en la reunión.
Preocupación por nuevos operativos de seguridad
Las organizaciones también manifestaron inquietud por el anuncio realizado el 2 de marzo, cuando autoridades ecuatorianas informaron sobre un operativo conjunto contra el crimen organizado con participación de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el Comando Sur de Estados Unidos y Europol.
Según Amnistía Internacional, la falta de transparencia en algunos operativos ejecutados dentro del Plan Fénix genera preocupación ante el riesgo de que se repitan violaciones de derechos humanos.
Ante este escenario, Amnistía Internacional pidió al Estado ecuatoriano adoptar varias medidas, entre ellas:
- Realizar investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas para determinar el paradero de las personas desaparecidas.
- Garantizar la participación y protección de las familias de las víctimas.
- Asegurar la colaboración plena de las Fuerzas Armadas en los procesos judiciales.
- Proteger el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos.
- Revisar el enfoque militarizado de la seguridad pública.
- Firmar y ratificar la Convención de Liubliana–La Haya sobre cooperación internacional para investigar crímenes internacionales.
La organización también pidió que cualquier cooperación internacional en operativos de seguridad en Ecuador se realice bajo estrictos mecanismos de rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.
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