Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político

“Cómplices y encubridores” es una de las frases más usadas por la justicia penal, pero bien aplicaría a la clase política ecuatoriana. En este último caso, retrata de cuerpo entero, un modus operandi a través del cual el partido político en el poder utiliza toda la arquitectura institucional y las narrativas más ilógicas para proteger a sus alfiles. 

Lo sucedido en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el último fin de semana, es simplemente inaudito. Se bloqueó el intento de juicio político contra la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien según información revelada en un reportaje de Ecuavisa, estuvo directamente involucrada en el caso Progen,  por el que el Estado ecuatoriano perdió más de 100 millones de dólares, al adquirir chatarra como supuestos generadores eléctricos para enfrentar los apagones de más de 14 horas consecutivas que padecimos todos los ecuatorianos.  

Con cuatro votos a favor y seis abstenciones del movimiento oficialista ADN y un legislador ex Pachakutik, la iniciativa presentada por la oposición, fue bloqueada y archivada al interior de esa mesa parlamentaria, dirigida por el otrora correísta confeso, Ferdinand Álvarez, con el argumento de que ese tema ya está judicializado en la Fiscalía General e incluso está siendo investigado en los Estados Unidos.

En la práctica, sin embargo, los supuestos chats revelados por la cadena televisiva entre Manzano y el ex viceministro (hoy prófugo) Fabián Calero, para dilatar la investigación que sobre el tema llevaba la Comisión de Transparencia y donde también se menciona a la asambleísta presidente de esa instancia, Diana Jácome, no sirvieron de nada, al menos en términos políticos: Ni Manzano será censurada, ni Jácome renunciará.

Tras la difusión de este contenido sobre el caso de corrupción más escandaloso de este gobierno, el régimen no dudó en intentar bajar el perfil de este asunto a través de un  operativo policial contra el lavado de activos donde fue detenido el alcalde de Esmeraldas por la Revolución Ciudadana, Vicko Villacís, quien se suma a una lista de alcaldes hostigados, amedrentados e incluso presos como el también burgomaestre de Guayaquil, Aquiles Álvarez, todos ellos con interesantes posibilidades de ser reelegidos en los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre.

Distractor inúltil ante el tamaño de la evidencia expuesta por Ecuavisa, cuyo contenido, por un lado, no consta en el expediente del caso que lleva Fiscalía, y por otro, tampoco ha sido desmentido por ninguna de las partes involucradas.

Desde un punto de vista conceptual, el periodismo sirve justamente para denunciar este tipo de hechos y convertirse en una suerte de accountability horizontal que permita a la sociedad conocer estos abusos para -con ello- exigir al sistema institucional sancionarlos. Todo este proceso es impensable en Ecuador y no solo de ahora, sino desde hace tiempo atrás. Basta recordar que durante el gobierno que duró una década en el poder, apenas una autoridad fue censurada políticamente por la Asamblea Nacional, que en ese entonces contaba con una abrumadora mayoría oficialista. 

Pero mientras eso sucedía en las altas esferas de la real politique y en las siempre contradictorias lógicas del escándalo mediático, ocho jóvenes de la ciudad costera de Daule, de forma inexplicable fueron secuestrados y asesinados, sus cadáveres aparecieron envueltos en sacos de yute en Babahoyo, provincia de Los Ríos, sin que hasta el momento -una semana después- exista un pronunciamiento oficial del gobierno ni menos aún la mínima solidaridad institucional de nuestra clase política. ¿Cómplices o encubridores?.