Pablo Santillán, especialista en temas legislativos, analizó el panorama sobre la investigación de Pandora Papers que lleva adelante la Asamblea Nacional. Así, advirtió que en una resolución consta que el proceso inició debido a que la aparición del nombre del presidente Guillermo Lasso en la investigación periodística “genera conmoción social”. Frente a esto, explicó que la causa de “conmoción social” puede producir la destitución del presidente sin acudir a juicio político ni a un dictamen de la Corte Constitucional, sino tan solo con una causa de sumario y con 92 votos del pleno de la Asamblea Nacional.
La negativa de Lasso
Por dos ocasiones, el presidente Lasso ratificó que no acudirá a rendir su versión ante la Comisión de Garantías Constitucionales. Con ese antecedente, Santillán aseguró que, en efecto, el presidente no está obligado a ir al Legislativo sino solo en tres ocasiones: frente a un juicio político; con un proceso de destitución; y cada 24 de mayo, con su informe a la nación.
El experto señaló que la Asamblea puede pedir información a cualquier funcionario, pero que el artículo 131 de la Constitución no abarca al presidente. Así, dijo que existe un exceso en las atribuciones conferidas a la Comisión.
Por su parte, añadió que el presidente está sujeto a un control administrativo por parte de la Contraloría que recibió ya el pedido presidencial para investigar a Lasso. La fiscalización, que lleva a cabo la Asamblea, deriva de una solicitud de información que, dijo Santillán entiendo, el presidente entregó.
“Aquí hay una pantomima del derecho del debido proceso”, criticó Santillán. Así, reiteró que el presidente, como funcionario, está sometido al control político, pero no necesariamente con la concurrencia a la comisión. “Se ha ido trazando el escenario por la pugna de poderes”, agregó. Además, recordó que la investigación tendrá un informe con varias recomendaciones.
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