El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, advirtió que el paro nacional podría radicalizarse e incluso derivar en una toma de Quito, si el Gobierno Nacional no atiende las demandas planteadas por el movimiento.
“Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos”, reiteró Vargas desde Nizag, en el cantón Alausí (Chimborazo).
El dirigente cuestionó la “actitud prepotente del Gobierno de Daniel Noboa” y señaló que las bases indígenas están listas para “tomar decisiones” si continúa la falta de diálogo.
“Se nos acaba la paciencia, señor presidente. ¡Cuidado, cuidado! El Gobierno tiene que saber qué pasó con Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez y en los paros de 2019 y 2022”, advirtió.
Entre las exigencias de la Conaie constan la derogatoria del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, la reducción del IVA del 15% al 12%, mayor inversión en salud y educación, la liberación de 12 comuneros procesados por terrorismo, y reparación para los familiares de Efraín Fuerez, comunero fallecido en las manifestaciones de Imbabura, hecho que la organización califica como “crimen de Estado”.
El Gobierno ha insistido en que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel, argumentando que la medida busca frenar el contrabando y la minería ilegal, aunque el movimiento indígena asegura que afecta directamente a los sectores más pobres.
Este sábado, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 10 provincias del país. La medida tendrá una vigencia de 60 días en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. De acuerdo con el mandatario, la decisión se sustenta en la causal de grave conmoción interna y tiene como objetivo «precautelar el orden público, la seguridad interna y el bienestar ciudadano».
La disposición quedó oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 174, firmado este sábado, 4 de octubre. Según el documento, se ordena la movilización de todas las entidades de la Función Ejecutiva, así como de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de coordinar acciones para mantener el orden, prevenir actos de violencia, proteger la vida e integridad física de la población y garantizar el derecho a la libre circulación y al desarrollo de actividades económicas
El decreto también establece la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las provincias señaladas, medida que, según el Gobierno, busca impedir aglomeraciones con fines de paralización de servicios públicos o afectación a sectores estratégicos. No obstante, se aclara que no se restringe el derecho a la protesta pacífica, siempre que no se vulnere la seguridad ciudadana ni los derechos de terceros.
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