Antes de la aprobación del informe para el segundo debate del proyecto de Ley sobre Áreas Protegidas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó su rechazo a la propuesta. La organización pidió la “suspensión inmediata” del tratamiento de la normativa en la Asamblea Nacional, al considerar que esa iniciativa del Gobierno “pone en riesgo los territorios ancestrales y vulnera derechos colectivos”.
“La normativa busca abrir las puertas a la privatización de territorios habitados, gestionados y protegidos ancestralmente por los pueblos y nacionalidades indígenas”, señaló la Conaie en un comunicado. Además, advirtió que la propuesta transgrede el artículo 57, numeral 17 de la Constitución, que garantiza la autodeterminación y la gestión comunitaria.
La organización indígena calificó el proyecto como una forma encubierta de despojo territorial. También denunció la omisión del derecho a la consulta previa, libre e informada.
Previamente, el colectivo Yasunidos también rechazó la iniciativa, argumentando que los recortes presupuestarios al MAATE han debilitado el control ambiental y favorecido actividades ilegales.
Informe aprobado elimina figura de empresa pública y refuerza consulta previa
Con ajustes de última hora, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó este 8 de julio el informe para el segundo debate del proyecto de ley urgente sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Snap). La principal modificación fue la eliminación de la figura de empresa pública, que causó críticas por parte de colectivos ambientalistas y bancadas de oposición.
Valentina Centeno, presidenta de la comisión, afirmó que se retiraron “todas las disposiciones que puedan generar dudas sobre una posible privatización”. El nuevo texto establece que el Snap será un ente público técnico, bajo control de la Autoridad Ambiental Nacional.
El informe también ratifica la obligatoriedad de la consulta previa a comunidades y prohíbe actividades extractivas en zonas intangibles. Asimismo, se incorporó una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno para eliminar el límite de 12 días al año en los que se puede reducir el IVA al 8 % durante feriados turísticos.
Otras reformas incluidas en el proyecto abarcan cambios a las leyes de Movilidad Humana, Aviación Civil, Código Aeronáutico, Código Orgánico Monetario y Financiero, y la Ley del Servicio Público, que permitirá la jubilación desde los 60 años.
De manera adicional, se incluyó una disposición que autoriza la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas dentro de las áreas protegidas, en casos de presencia de grupos armados o delincuencia organizada, con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad de la población.
El informe será remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y el Pleno está convocado para debatirlo este jueves 10 de julio.
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