En nueve artículos resumió la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana (CONGA) las resoluciones tras su X Cumbre. Ocurrió en Macas, provincia de Morona Santiago, el pasado viernes 19 de marzo.
En el documento, las autoridades amazónicas solicitaron la derogatoria del Artículo 62 del Reglamento de la Ley Amazónica que textualmente dice:
“Artículo 62.- Recursos no ejecutados: Los recursos del Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que en el correspondiente año fiscal no fueren ejecutados conforme la planificación anual, serán gestionados de conformidad a lo establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”.
En este sentido, pidieron que se establezca que los recursos no comprometidos en ese año se acumulen para invertirlos en el siguiente año fiscal.
Pedidos de los asistentes
La sesión inició a las 11:14 en el Coliseo de La Loma. Hasta el lugar asistió Danny Marín, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).
La autoridad reveló que el Estado adeuda 21´645.000 dólares a los gobiernos parroquiales rurales solo en los dos últimos años. Esto corresponde a:
- En 2019 el gobierno central debía transferir 37 millones de dólares. Sin embargo, recibieron 23 millones de dólares. Así, quedó un saldo pendiente de 14,5 millones de dólares a favor de los GAD parroquiales.
- En 2020, los GAD parroquiales debían recibir 24´811.000 dólares. Pero, llegaron tan solo 18 millones de dólares. Lo que significa un perjuicio de 6´776.000 dólares.
Marín, además pidió amnistías a favor de los detenidos en las protestas de octubre de 2019. “Hay hermanos de esta provincia que están presos por los acontecimientos de 2019. Nos gustaría, mediante esta cumbre, pedir la amnistía para estos apresados que estaban peleando por los recursos de nosotros los amazónicos”, apeló.
Por su parte, Andrés Bonilla, del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), explicó que a ellos el Estado adeuda 125´545.054 dólares. Sin embargo, también destacó que su organización consiguió el apoyo del Ejecutivo para la transferencia de 48 millones de dólares para la Ley Amazónica.
El asambleísta electo por Pachakutik, Salvador Quishpe, pidió la conformación de una Comisión Técnica para “vigilar el nivel de producción (petrolera) y lo que le corresponde a la Amazonía”, lo dijo en referencia a los montos que deben recibir las poblaciones del oriente por cada barril de petróleo.
El próximo legislador explicó que en 2019 se han producido 193´439.095 barriles de petróleo. Por tanto, la Amazonía debía recibir 386´888.090 dólares de acuerdo a lo que estipula la Ley Amazónica. Para 2020, la región produjo 175´300.000 barriles de petróleo que se traducen a un beneficio de 350´600.000 dólares.
Cléver Jiménez, prefecto de Zamora Chinchipe también apoyó la creación de una Comisión pero para trabajar las nuevas reformas a la Ley Amazónica con el fin de acceder a los recursos que deben beneficiarlos.
Para Magaly Orellana, prefecta de Orellana, es necesario que las autoridades soliciten la devolución con carácter retroactivo de lo que adeuda el Estado en 2020.
El presidente de Conga y prefecto de Morona Santiago, Rafael Antuni dijo que, entre las exigencias que deben plantear las poblaciones, se encuentra la creación de nuevas redes viales que permitan la interconexión de los pueblos. De esa manera, dijo, podrán reducir la brecha de pobreza en la región.
Otras resoluciones
Además, el CONGA exigió que en el plazo de 15 días se les cancelen los recursos concernientes al Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico correspondiente al año 2020 y según lo establece la Ley Amazónica.
Al Ministerio de Energía y Recursos no Renovables pidieron la liquidación de los recursos correspondientes a la comercialización del mercado interno y la asignación por cada barril de petróleo extraído de la Circunscripción Territorial Amazónica. Esto, de acuerdo al pronunciamiento dado por parte de la Procuraduría General del Estado al COMAGA mediante oficio del 22 de diciembre del 2020.
En su artículo cuatro, el CONGA planteó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que intervenga de manera inmediata en la reparación, mantenimiento y construcción de los tramos faltantes de La Troncal Amazónica y las vías alternas que dan conexión a la Amazonía con otras regiones.
El artículo cinco detalla el pedido de cumplimiento al artículo 118 del COPLAFIP referentes al Modelo De Equidad Territorial y que no se realicen recortes presupuestarios superiores al indicado. Además, que se reintegren los valores liquidados indebidamente en el año 2020.
Como parte de la resolución, el CONGA pidió que se cumpla con la creación de las universidades públicas en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
En su artículo siete, también exigieron que los excedentes de las utilidades generadas por las empresas hidroeléctricas desde 2015 a 2018, sean liquidados y transferidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que son beneficiarios de acuerdo a la ley de la materia.
El artículo ocho pide al Ministerio de Economía y Finanzas que a través del Banco de Desarrollo proceda al desembolso de los recursos no reembolsables comprometidos en el año 2018 a favor de los Gobiernos Parroquiales Rurales.
Finalmente, el artículo nueve exige al Ministerio de Finanzas la devolución total, directa e inmediata de los valores de IVA pagados por los Gobiernos. Así como también su devolución de los pendientes según las resoluciones aprobadas por el Servicio de Rentas Internas.
