El Consejo Provincial de Pichincha adoptó este miércoles de forma unánime una resolución en respaldo a que la prefecta Paola Pabón presente ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
La resolución se adoptó en una sesión presidida por el prefecto subrogante Alexandro Tonello, con la participación de los consejeros provinciales. La norma impugnada, publicada en el Registro Oficial, modifica la clasificación de proyectos de inversión, considerándolos gasto corriente, lo que —según el organismo provincial— compromete la sostenibilidad de programas sociales.
Programas sociales en riesgo
La Prefectura advirtió que, de mantenerse la reforma, podrían verse afectados programas emblemáticos como:
- Warmi Pichincha, iniciativa creada en 2020 para prevenir y erradicar la violencia de género, que hasta 2025 ha beneficiado a más de 113.000 mujeres.
- Centros de Salud Pichincha Humana, que entre 2019 y 2025 han brindado más de un millón de atenciones médicas y desarrollado 1.050 ferias de salud con 215.000 servicios gratuitos.
- Punto Colibrí, espacio especializado para población de la diversidad sexo-genérica, con 10.655 atenciones registradas entre 2024 y 2025.
El pleno rechazó la vigencia de la normativa al considerar que afecta la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y compromete la continuidad de servicios públicos esenciales.
Además del respaldo a la acción judicial, el Consejo Provincial se declaró en vigilia permanente para dar seguimiento al trámite constitucional y exhortó a las juezas y jueces de la Corte a resolver con independencia, imparcialidad y apego a los principios de supremacía constitucional y no regresividad de derechos.
Con esta decisión, el organismo provincial reiteró su compromiso con la protección de programas sociales y el modelo de Estado constitucional de derechos y justicia.
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