Desde noviembre de 2023, la Contraloría General del Estado ha profundizado sus controles a jueces, fiscales y funcionarios judiciales. Hasta la fecha, el organismo ha identificado 59 posibles delitos derivados de irregularidades en los patrimonios de esos servidores públicos, que ya fueron notificados a la Fiscalía como Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), según detalló un reporte del portal digital Primicias.
La revisión forma parte de 160 exámenes especiales iniciados por la Contraloría para rastrear signos de enriquecimiento no justificado entre funcionarios judiciales.
De esos, 108 ya concluyeron y otros 52 siguen en proceso. “Las acciones se enmarcan en el Plan Anual de Control 2024 y priorizan áreas sensibles a la corrupción”, confirmó el organismo en un boletín oficial.
Aunque la ley obliga a mantener en reserva los resultados de los exámenes, fuentes oficiales confirmaron que en estos 59 casos detectados existen inconsistencias patrimoniales graves.
Sin embargo, la Fiscalía aún no presenta cargos. Todas las investigaciones siguen bajo la fase de indagación previa y son confidenciales, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Crisis judicial: 90 funcionarios destituidos y redes bajo investigación
La lucha contra la corrupción judicial cobró fuerza tras los casos denominados Metástasis, Plaga y Purga, en los que la Fiscalía identificó vínculos entre operadores de justicia y redes criminales. Las investigaciones evidencian que mafias sobornan a jueces y fiscales para obtener resoluciones judiciales favorables.
En respuesta, el Consejo de la Judicatura —pese a sus problemas de estabilidad interna— activó procesos disciplinarios. Según sus registros, entre enero de 2023 y junio de 2025 destituyó a 34 jueces involucrados directamente en esos casos emblemáticos.
Además, en los últimos 11 meses, el organismo removió a 12 jueces adicionales y sancionó a 44 funcionarios más, incluidos fiscales, asistentes, peritos y personal administrativo. Estas sanciones se aplicaron tras detectar actuaciones indebidas o faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La Fiscalía, por su parte, anunció la creación de una Unidad Especializada contra la Corrupción Judicial, mientras que la Contraloría incorporó tecnologías de análisis financiero para verificar incrementos de patrimonio no justificados, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
“Los operadores de justicia no pueden estar al servicio del crimen”, advirtió recientemente el contralor general (s), Julio César Cueva. “Estos controles buscan restaurar la confianza ciudadana y defender la institucionalidad”.
Las investigaciones continúan y forman parte de un proceso más amplio de depuración judicial, que, según el gobierno, resulta clave para recuperar el sistema de justicia y combatir la impunidad.
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