La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, al considerar que vulnera principios constitucionales que protegen a este sistema.
El recurso legal impugna la disposición transitoria décima primera, que permite convertir ciertas cooperativas en bancos privados. Según la ley, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tiene un plazo de tres meses para identificar a las cooperativas que, por su nivel de interconexión y riesgo sistémico, deben transformarse en bancos.
“Se pretende convertir a las sociedades de personas en sociedades de capital, sustituyendo así los principios cooperativos por reglas del mercado financiero tradicional, arriesgando así la esencia del modelo cooperativo que desde las personas, nace para crear bienestar, inclusión y desarrollo local”, explicó Asofipse en un comunicado.
El abogado de Asofipse, André Benavides, advirtió que el plazo para enviar la terna que conformará la nueva Junta de Regulación vence entre el 26 y 27 de julio. La asociación solicitó además una medida cautelar para suspender la aplicación de la disposición mientras la Corte Constitucional analiza el caso.
Juan Pablo Guerra, director ejecutivo de Asofipse, señaló que han solicitado reuniones con el presidente Daniel Noboa, sin recibir respuesta. A pesar de la incertidumbre en el sector, Guerra aseguró que no se ha producido pánico financiero, ni fuga de recursos, ni alteraciones en los indicadores de las entidades.
En su demanda, Asofipse argumenta que la disposición transitoria atenta contra varios artículos de la Constitución, que reconocen la autonomía del sistema financiero popular y solidario y respaldan la propiedad cooperativa como una forma legítima de organización económica y social.
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