La Coordinadora Residente de la ONU en Ecuador, Lena Savelli, instó a una “investigación rápida” del crimen de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, confirmado este martes tras la identificación de los cuerpos sin vida encontrados en una zona cercana a la Base Aérea de Taura.
“Nunca es momento para tan dolorosa noticia, menos hoy. Hago votos por una investigación rápida, eficaz y transparente, que lleve hacia los responsables, y que impida que algo así vuelva a ocurrir. Mi corazón está con las familias de las víctimas”, dijo Savelli en la red social X.
La tarde de este 31 de diciembre, la Fiscalía General del Estado confirmó que los cadáveres corresponden a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes fueron aprehendidos por un grupo de 16 uniformados el pasado 8 de diciembre.
Este caso ha conmocionado al país y puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
Los 16 militares involucrados recibieron hoy orden de prisión preventiva, aunque el Gobierno y la cúpula militar afirmaron que los niños fueron aprehendidos durante un «presunto robo», aunque no existen evidencias de ello, y luego fueron liberados.
La Asamblea Nacional declaró tres días de luto institucional y exigió justicia por el caso.
«El Legislativo exige justicia y se solidariza con las familias de los niños y adolescentes asesinados. Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso», publicó el Parlamento en un comunicado.
El Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos se solidarizó también con los familiares de los adolescentes y llamó a todas las instituciones públicas, privadas y a la sociedad en general a evitar cualquier forma de revictimización y estigmatización.
«Es crucial que su dolor no sea agravado mediante acciones que vulneren su dignidad o privacidad», declaró la institución.
La prefecta de Guayas, provincia donde ocurrió la tragedia, Marcela Aguiñaga, expresó dolor por cerrar el año con esta tragedia que enluta al país.
“Es inaceptable que la vida de nuestros niños termine de esta manera. Que el miedo no nos silencie, y que la solidaridad se transforme en la voz que exija justicia para que nunca más se repita algo así”.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido.
Señala que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.
Candidatos presidenciales, organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como instituciones reaccionaron con dolor e indignación a la muerte de los cuatro niños de Guayaquil.
