La Corte Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental (Cigmipa) contra la nueva tasa minera impuesta por el Gobierno de Daniel Noboa.
La Corte consideró que los argumentos del gremio son claros y pertinentes, al cuestionar que la tasa, creada por resolución administrativa, podría constituir un impuesto encubierto, sin ley y sin iniciativa presidencial.
El Cigmipa advierte que el cobro eleva los costos entre 700 % y 1.400 %, lo que afectaría el valor de las concesiones y vulneraría el principio de no confiscatoriedad.
Aunque la Corte no suspendió provisionalmente la aplicación de la tasa, sí abrió un proceso formal que evaluará su constitucionalidad. Las empresas deberán seguir pagando mientras dure el trámite.
El Gobierno defiende la medida y asegura que permitirá recaudar más de 200 millones de dólares anuales para fortalecer los controles contra la minería ilegal.
La decisión marca el inicio de un debate clave sobre los límites del poder tributario y la seguridad jurídica en el sector minero.
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