Este martes 20 de octubre, el pleno de la Corte Constitucional (CC) dio a conocer la resolución sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1169. En el mismo, el presidente Lenín Moreno dispuso renovar el Estado de excepción «por conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional. Sin exclusión alguna en razón a su tipología, en atención a las circunstancias de violencia social que se han producido al interior de los centros”. Sin embargo, la CC también criticó el trabajo desarrollado por el Gobierno en torno a esta problemática.
Específicamente, en el punto dos, la Corte Constitucional advirtió que si la situación en los distintos centros de privación de libertad llegó al punto que no puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario y requiere de distintas declaratorias de estados de excepción y renovaciones. Dijo «esto responde a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado», respondió la CC. Además, en el dictamen explicaron que no existe un trabajo «para atender problemas estructurales que históricamente han afectado los derechos de las personas privadas de libertad. Así como la seguridad y convivencia pacífica en los centros de privación de libertad en el país».
Por esa razón, la CC resaltó que, tal como lo hizo en dictámenes anteriores. La solución al problema carcelario no está en el establecimiento de estados de excepción periódicos. Además, que estos no deben tener como único fin recuperar de forma temporal el control de los centros de rehabilitación social. Por el contrario, es necesario que el Gobierno formule, implemente y evalúe políticas y mecanismos de carácter estructural, capaces de sostenerse en el tiempo.
Acciones del Gobierno
La CC insistió, por segunda ocasión, al Presidente, que emprenda acciones para implementar soluciones estructurales a la situación carcelaria en el país. Pero, que vaya más allá de las medidas extraordinarias a través del estado de excepción. Así, la CC dispuso a Moreno que, en el término de 20 días, contados desde la finalización de la renovación del Estado de excepción. Se remita a la CC y a la Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario.
Además, enfatizó en el seguimiento de la implementación de las medidas dispuestas en el Estado de excepción a cargo de la Defensoría del Pueblo y su obligación. Que se debe activar los mecanismos y acciones necesarias previstas en el ordenamiento jurídico. Esto, si verifica que
se existen violaciones a derechos constitucionales.
Otro punto dentro del dictamen, es que la CC observó que este es el segundo año consecutivo. Donde el Presidente declara un Estado de excepción con base en la misma causal y sobre la base de hechos que afectan la situación carcelaria del país. Pero que, además de las advertencias realizadas en dictamenes previos, no justifica las razones por las que el Estado de excepción debe extenderse hasta el máximo del tiempo permitido por la Constitución y a todos los centros de privación de libertad a nivel nacional.
