La Sala de Casación de la Corte Nacional de Justicia declaró la prescripción de la acción penal en el caso por el fallecimiento de Michelle Cobo, joven de 20 años que murió tras una mala práctica médica en Quito en 2016.
La decisión, emitida el 4 de agosto de 2025, extingue el proceso por el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, pese a que los acusados recibieron condenas en dos instancias.
La familia de Michelle Cobo rechazó la resolución y la calificó como una forma de impunidad. En un comunicado público, sostuvo que “los acusados no fueron declarados inocentes, pero, gracias a sus propias maniobras dilatorias, lograron evitar la sentencia definitiva”.
Condenas anuladas
En 2019, los médicos Hugo T. C. y Carlos H. B. recibieron una condena de cuatro años de prisión. Tras una apelación, la pena se agravó a seis años y ocho meses, y se sumó una sentencia de tres años para María M. J., entonces gerenta de la clínica donde se realizó el procedimiento. Sin embargo, ninguna de estas condenas se ejecutará debido a la prescripción.
Según la decisión de mayoría de la Corte, la acción penal prescribió el 17 de agosto de 2022 para Hugo T. C., y el 15 de noviembre del mismo año para Carlos H. B. y María M. J., quienes fueron vinculados posteriormente. La sala se amparó en el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para declarar extinguida la acción.
Familiares exigen justicia
“La prescripción no es justicia; es un premio a la estrategia del desgaste. No se trata de personas absueltas por falta de pruebas, sino de sentenciados que eludieron su responsabilidad amparándose en las grietas del sistema judicial”, señaló Gabriel Cobo, padre de Michelle.
Cobo denunció que el caso estuvo plagado de tácticas dilatorias durante los 3.268 días que han pasado desde la muerte de su hija.
“El Estado nos ha fallado. Hoy se entierra la posibilidad de justicia para Michelle”, lamentó.
La prescripción del proceso cierra definitivamente la vía penal, aunque deja abierto el debate sobre la necesidad de reformas que impidan que los casos se extingan sin una sentencia ejecutada.
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