Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
El regreso de Donald Trump a la casa blanca, marca el inicio de un nuevo orden mundial caracterizado, entre otras cosas, por una suerte de retorno al “estado de naturaleza” donde la lógica del “más fuerte” se impone sobre la del “imperio de la ley”.
Y quizá el ejemplo más doloroso ha sido la respuesta militar y a gran escala que Israel dio a un ataque del grupo terrorista Hamás en 2023 que provocó 1.219 muertos y 251 rehenes pero desencadenó una guerra sin precedentes en la franja de Gaza, donde prácticamente se ha buscado exterminar al pueblo palestino y no solo a los milicianos de esa organización armada, dejando -según cifras de Naciones Unidas- más de 70 mil palestinos asesinados, incluidos unos 20 mil niños.
Ante esta situación -catalogada por muchos como un genocidio similar al sufrido por los propios judíos en los campos de concentración de la segunda guerra mundial (1939-1945)- absolutamente todos los organismos supranacionales fueron superados por la lógica de la violencia estatal liderada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad al igual que contra el ex ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant y el comandante de Hamás, Mohammed Deif, pero que hasta el momento no logran ejecutarse.
La intervención militar de los Estados Unidos para “extraer” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro el pasado 3 de enero sin la autorización del congreso del país norteamericano, las declaraciones del mandatario estadounidense, sobre sus intenciones de administrar esa nación suramericana y su petróleo hasta lograr una “transición ordenada”, y el reconocimiento de la sucesión constitucional en la figura de Delcy Rodríguez desconociendo a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, son una clara demostración del ocaso definitivo del derecho internacional tal como lo conocemos.
El uso de la fuerza militar para imponer a sangre y fuego los intereses estadounidenses no solo define el nuevo orden global, sino que rompe una tradición diplomática de no intervención armada que caracterizó las relaciones entre EEUU y América Latina al menos desde 1989 cuando se produjo la invasión a Panamá para derrocar y detener al presidente Antonio Noriega, que al igual que Maduro, también fue acusado de vínculos con el narcotráfico.
Es claro, sin embargo, que el régimen venezolano, sobre todo en la era de Maduro, es una abierta dictadura, acusada de gravísimas violaciones a los derechos humanos, que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias a sus opositores políticos y censura a la prensa internacional, una situación que, según datos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha condenado a cerca de 8 millones de venezolanos a un éxodo masivo por todo el continente.
Ante esta situación, nos enfrentamos entonces a un fenómeno inédito; por un lado, hay un consenso sobre la brutalidad de la dictadura venezolana; y por otro, también un rechazo generalizado -especialmente en los círculos académicos y diplomáticos serios- a este nuevo orden mundial basado en el uso de la fuerza militar que ha pulverizado el derecho internacional.
¿Cuál es entonces, el mal menor? Si de restaurar la democracia se trata, ¿por qué EEUU no ha invadido Cuba o Nicaragua o El Salvador?, este último catalogado por la corporación Latinobarómetro como una “electo dictadura”; es decir, un régimen político que llega al poder a través de elecciones libres pero luego adopta prácticas autoritarias y extra institucionales con la intención de perpetuarse indefinidamente en su mandato. La respuesta es bastante obvia y ya la ha corroborado el propio presidente Trump: bienvenidos a la barbarie.
La opinión de Wilson Benavides
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