El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que las Fuerzas Armadas iniciaron el procedimiento para separar al militar investigado por un presunto abuso sexual contra una mujer privada de libertad en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas. Además, confirmó el relevo del comandante encargado del centro penitenciario por una falla en los controles establecidos.
“Cualquier uniformado que comete un delito, automáticamente deja de ser uniformado y por eso las primeras acciones que se tomaron es iniciar los procedimientos para separar a esta persona de las Fuerzas Armadas”, señaló Loffredo al referirse al caso en una entrevista para Pública FM.
El caso se conoció después de la circulación en redes sociales de videos relacionados con el presunto hecho. Inicialmente, el Ejército anunció la apertura de una investigación interna para recopilar y verificar la información.
Loffredo confirmó que la propia institución militar presentó una denuncia ante la Fiscalía para que el caso sea investigado y se determinen eventuales responsabilidades. “El mismo Ejército ecuatoriano puso la denuncia ante Fiscalía sobre este hecho para que se investigue y sea judicializado como corresponde”, indicó.
Relevan al comandante encargado del centro
El ministro también confirmó que se dispuso el cambio del comandante encargado del centro penitenciario, debido a que los protocolos de seguridad no habrían sido cumplidos.
Según Loffredo, las disposiciones vigentes dentro del centro prohíben que integrantes masculinos de las Fuerzas Armadas tengan contacto con las mujeres privadas de libertad. “Dentro de los protocolos que hay en la penitenciaría está prohibido que el personal masculino tenga contacto con las PPL mujeres”, explicó.
Loffredo agregó que en este caso “hubo una falta de control de este procedimiento” y que, como consecuencia, se ordenó el relevo del comandante.
Ejército abrió investigación tras difusión de video
Antes de las declaraciones de Loffredo, el Ejército había informado que abrió una investigación interna después de conocer la denuncia pública y que entregaría a las autoridades la información necesaria para esclarecer lo ocurrido.
La institución no ha detallado la identidad del militar investigado, la fecha en que habría ocurrido el presunto abuso ni las circunstancias específicas del caso.
Tampoco se ha informado públicamente sobre los resultados de la investigación interna. La Fiscalía deberá determinar, dentro de la investigación penal, las circunstancias de lo ocurrido y posibles responsabilidades.
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