Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Demolida. Así se siente la sociedad ecuatoriana. Quienes tienen la obligación constitucional y legal de cuidarnos de la delincuencia, ahora son los principales implicados en el femicidio de la abogada María Belén Bernal cometido al interior de la Escuela Superior de Policía de Quito, la madrugada del pasado 11 de septiembre.
Aunque su esposo, el teniente Germán Cáceres, es el principal implicado en este crimen, es el lugar donde sucedió rodeado de cadetes y oficiales, así como el hecho de que posiblemente no actuó solo, lo que nos ha dejado perplejos como sociedad. Si al interior de una instalación policial no estamos seguros, evidentemente no lo estaremos en ningún lado.
Las decisiones anunciadas por el presidente Guillermo Lasso resultan incomprensibles. ¿Por qué remover al Ministro del Interior pero mantener en el cargo al comandante general de la Policía? ¿Por qué solicitar la disponibilidad de toda la cúpula policial y no únicamente de los involucrados directamente por acción u omisión en este lamentable caso?
¿Por qué anunciar la demolición del edificio donde se cometió el asesinato de la abogada Bernal y no promover una verdadera medida de reparación simbólica como colocar una placa o denominar a esa infraestructura con el nombre de María Belén para que las futuras generaciones de oficiales nunca olviden lo que le sucedió?
Demoler el edificio es demoler la memoria y eso es justamente una de las operaciones más efectivas del poder. ¿Cómo funciona? Uno, destruyendo los lugares para que estos no se conviertan en símbolos; dos, diluyendo la verdad de los hechos en el extenso desierto de las opiniones; y tres, deslegitimando las vocerías y no sus argumentos.
Por ello, ese anuncio presidencial sumado a las desatinadas fotografías en el palacio de Carondelet por triviales que parezcan, quizá esconden la intención de distraer el foco de atención para ganar tiempo y reorientar el relato.
Demoler el edificio para evitar que se convierta en un símbolo, modificar la verdad al afirmar, entre otras cosas, que se trató de un crimen pasional y emprender una campaña en redes sociales para deslegitimar a Elizabeth Otavalo, madre de la abogada Bernal e incluso a la propia víctima, son algunas de las piezas de este rompecabezas.
Aunque ya está por concluir el plazo de una semana que el propio mandatario dio al comandante general, Fausto Salinas, para que obtenga información certera que conduzca a la detención del teniente Cáceres, únicamente la cadete Joselyn Sánchez está detenida, pese a que hay otros involucrados.
Como no podía ser de otro modo, la Asamblea Nacional optó por la fórmula de siempre en estos casos: conformó una Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, la Justicia y la Reparación en el caso de María Belén Bernal Otavalo integrada por 5 asambleístas mujeres de diferentes bancadas excepto el oficialismo, para que en un plazo de 30 días presente un informe que será debatido en el Pleno.
Al parecer, la demolición del edificio viene acompañada de la demolición de la cúpula policial, y eso en un escenario donde el principal problema de los ecuatorianos es la inseguridad, nos coloca física, psicológica y simbólicamente en la indefensión total.
La opinión de Wilson Benavides.
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