Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Superar el “autoritarismo” y la “corrupción” del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) sirvió de argumento para llevarnos al desastre institucional por el que ahora atravesamos. El “retorno” a un “régimen de libertades”, (re) inaugurado por Lenin Moreno, dio lugar a un cortocircuito entre la Constitución de Montecristi (2008) y la lógica política de los nuevos inquilinos del poder.
Cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que organiza los concursos para la renovación de alrededor de 77 autoridades a través de comisiones ciudadanas de selección, ha sido el objetivo político tanto de la administración de Moreno como del gobierno de Guillermo Lasso.
Y la fórmula es la misma: convocar a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie. En 2018, la ciudadanía decidió conformar un CPCCS de transición y que los integrantes del órgano definitivo se elijan por voto popular. En 2023, la estrategia es similar, pero esta vez busca quitarle la competencia de designación de autoridades al CPCCS y que sus miembros ya no se elijan en las urnas, sino a través de comisiones técnicas, integradas por la Asamblea Nacional, que como todos conocen tiene un altísimo rechazo de la ciudadanía.
Al igual que 2018, el referéndum de 2023, promueve la instalación de un régimen de transición que -de aprobarse en las urnas- suspendería los concursos de renovación de autoridades que actualmente están en marcha, prorrogando a varios funcionarios, incluyendo, entre otros, al Contralor General del Estado.
Lo curioso es que este organismo, que se supone representa los intereses ciudadanos por sobre los de los partidos políticos, termina reeditando las prácticas de estos últimos, desnaturalizando su esencia y legitimando la flexibilidad institucional que caracteriza al sistema político ecuatoriano, donde los actores interpretan la Constitución y la ley, según su conveniencia.
Si durante los diez años del gobierno de Correa, el CPCCS fue cooptado -en su mayoría- por personas absolutamente afines a su proyecto político, quienes avalaron la designación de autoridades clave designadas en concursos poco transparentes y con calificaciones perfectas; el de la transición, liderada por Julio César Trujillo (+), lo hizo con personajes totalmente adversos al correísmo, quienes destituyeron a unas autoridades, evaluaron a otras y mantuvieron en el cargo a unas más, entre las que se incluyó a un hoy ex contralor, sindicado en el caso “Las Torres”
El CPCCS electo en 2019 volvió a integrase mayoritariamente con cuadros afines a Correa, lo que provocó que el gobierno de Moreno impulse su destitución a través de un juicio político en la Asamblea Nacional, modificando la correlación de fuerzas al interno. De manera posterior, el escándalo por los carnés de discapacidad, hizo que cambie nuevamente la composición del organismo luego de que su presidente fue destituido por esa causa.
Ya en el gobierno de Lasso, la intención del Ejecutivo por cooptar el Consejo no se modificó, sino que esta vez se lo hizo por la fuerza utilizando a la Policía para tomarse el organismo para legitimar una nueva mayoría, afín al oficialismo.
Es en este contexto, que la reciente censura y destitución en el Parlamento de cuatro de los siete consejeros del CPCCS se ejecutó, pero a diferencia de lo sucedido con los consejeros elegidos en 2019, esta vez sus actuales integrantes permanecen en funciones gracias a una acción de protección dictada por un juez, que dejó sin efecto la decisión de los asambleístas, colocando al país en un nuevo atolladero.
Si luego de 2019, la estrategia del gobierno de turno fue la destitución del CPCCS vía parlamentaria; en 2023, sin una mayoría sólida en la Asamblea, el Ejecutivo solo podría bloquear esa posibilidad antes de los comicios del próximo 5 de febrero. ¿Cómo? Las acciones de protección ya nos dan luces dentro de una gama de opciones que solo los agentes de poder pueden activar a su favor, en el desastre institucional que vivimos.
La opinión de Wilson Benavides.
