Los sospechosos pertenecen a la facción R29 de la banda delictiva y habían sido liberados previamente por la justicia ordinaria.
La Policía Nacional capturó la madrugada de este miércoles a tres presuntos integrantes de la facción R29 de la organización delictiva “Los Lobos”. Los uniformados ejecutaron los operativos de forma simultánea en Guayas, Manabí y Chimborazo.
Las autoridades vinculan directamente a los detenidos con el ataque terrorista perpetrado el 25 de diciembre de 2024 contra la cárcel “El Encuentro”. Los sospechosos usaron 13 cargas explosivas contra la obra ubicada en Santa Elena.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el atentado buscaba frenar la edificación del Centro de Privación de Libertad Santa Elena No. 1. La agresión armada dejó un fallecido, un herido y seis ciudadanos secuestrados.
Recaptura de delincuentes con historial criminal
Los agentes del orden recopilaron información clave durante un año y medio de investigaciones para localizar nuevamente a los implicados en el hecho. El sistema judicial ecuatoriano ya los había liberado tras su primera detención.
Según los informes policiales, esta estructura delictiva roba vehículos de forma sistemática para cometer atentados, asaltos y sicariatos en varias provincias. Esta modalidad delictiva dificultaba el rastreo de sus integrantes por parte de la Policía.
Los detenidos registran un amplio historial judicial y quedaron identificados por las autoridades gubernamentales:
- Ángel Luis Macías García posee procesos por asesinato en 2016 y receptación en 2025.
- Joan Sebastián Mora Jácome registra antecedentes por robo en 2019 y receptación en 2024.
- Luis Fernando Romero Calle tiene una detención previa por receptación en el año 2024.
El Gobierno rechaza fallos de jueces
El Gobierno Nacional rechazó públicamente la anterior liberación de los sospechosos por parte de los operadores de justicia del país. Voceros oficiales ratificaron que mantendrán las acciones necesarias para erradicar la impunidad en casos de terrorismo.
Los tres procesados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el respectivo juzgamiento penal. El Ministerio del Interior vigilará el desarrollo de las audiencias judiciales correspondientes.
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