Un juez de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó prisión preventiva contra José Arroyo, alcalde de Pujilí, dentro del caso denominado Ornato Municipal, en el que se investiga un presunto peculado relacionado con contratos irregulares de obras públicas.
La decisión fue tomada la tarde del 9 de agosto, según confirmó la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, la medida judicial ha generado polémica. El magistrado determinó que Arroyo cumplirá la prisión preventiva en la Casa de Confianza de Chillogallo, un centro penitenciario destinado exclusivamente a mujeres. Esta decisión se fundamenta en que, desde octubre de 2024, el documento de identidad del alcalde registra su género como femenino. El cambio de género se efectuó en el mismo mes en que la Fiscalía inició la investigación en su contra.
Colectivos LGBTI expresaron su preocupación en redes sociales, denunciando un posible uso instrumental del cambio de género para evadir la justicia ordinaria. “Se trata de un abuso que socava la lucha por los derechos de las diversidades”, señalaron algunos activistas.
La Fiscalía informó que, además de Arroyo, otros nueve procesados recibieron prisión preventiva. A siete personas más se les impuso la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. También se dispusieron medidas cautelares de carácter real, como la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias para los 17 implicados en el proceso.
Caso Ornato Municipal
El caso Ornato Municipal se remonta a denuncias presentadas hace 11 meses por el entonces vicealcalde de Pujilí y otros funcionarios municipales. A raíz de estas acusaciones, la Contraloría General del Estado inició una auditoría especial que detectó irregularidades en varios contratos adjudicados durante la administración de Arroyo.
Entre los contratos bajo sospecha se encuentra uno de $54.000 para la compra de palmeras en 2024 y otro por &151.000, firmado en abril del mismo año, para colocar adoquines que, según los informes, ya habían sido donados al municipio en 2023.
El proceso continúa en fase de instrucción fiscal mientras se espera que las autoridades definan responsabilidades y posibles sanciones.
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