La decisión judicial de enviar a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el marco del denominado caso Goleada, ha generado diversas reacciones políticas y pronunciamientos institucionales la tarde de este miércoles, 11 de febrero. La medida también alcanza a los hermanos del burgomaestre y a otros siete procesados dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Mientras tanto, una persona de la tercera edad cumplirá arresto domiciliario.
Ramiro García, abogado defensor del alcalde Alvarez, afirmó que la decisión judicial se adoptó “sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones”, y sostuvo que la prisión preventiva estaría siendo utilizada como “pena anticipada” dentro del proceso.
Revolución Ciudadana afirma que “Ecuador vive en dictadura”
En tanto, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) rechazó la resolución judicial y la calificó como parte de una “persecución política” contra el alcalde de Guayaquil. En un comunicado, la organización sostuvo que la orden de prisión preventiva constituye una “cortina de humo” destinada a desviar la atención de los problemas estructurales del país, entre ellos el avance del narcotráfico y el deterioro institucional.
La organización política señaló que este hecho será recordado como el momento en que “murió la democracia” y afirmó que “Ecuador vive una narco-dictadura que persigue a la oposición y protege intereses oscuros”.
Alcaldía de Guayaquil garantiza continuidad administrativa
La Alcaldía de Guayaquil aseguró que la administración municipal continuará operando con normalidad luego de que la justicia dictara prisión preventiva contra el alcalde Aquiles Álvarez en el marco del denominado caso Goleada. Las autoridades municipales afirmaron que los servicios públicos, las obras en ejecución y los programas sociales se mantendrán sin interrupciones.
El pronunciamiento fue realizado la tarde de este miércoles 11 de febrero de 2026 en el Salón de la Ciudad José Joaquín de Olmedo, donde la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, reiteró que la estructura institucional del Municipio garantiza la continuidad de la gestión. “Quiero que quede algo absolutamente claro: el Municipio de Guayaquil no se detiene, el Municipio de Guayaquil no va a parar”, manifestó.
Coronel explicó que la administración municipal cuenta con una planificación estructurada hasta el año 2031, lo que permite mantener en marcha las obras y proyectos estratégicos independientemente de la coyuntura judicial. “Cada obra, cada proyecto estratégico está calendarizado y técnicamente estructurado”, indicó.
La alcaldesa subrogante añadió que los procesos administrativos siguen su curso y que los programas sociales continúan ejecutándose. “Las obras continúan, los procesos administrativos siguen su curso (…) los programas sociales se mantienen y se fortalecen, los servicios no se interrumpen”, afirmó.
Otras autoridades locales expresan respaldo a Alvarez
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió a los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito para expresar su respaldo a Aquiles Álvarez. “Estamos aquí por el Alcalde de Guayaquil y para defender el Estado de Derecho”, manifestó, al cuestionar el procedimiento de la Fiscalía durante el allanamiento realizado en la madrugada.
Muñoz afirmó que “es preocupante lo que está ocurriendo en el país” y sostuvo que el respeto al Estado de derecho debe prevalecer, señalando que el alcalde se encontraba cumpliendo las disposiciones judiciales al presentarse ante la Fiscalía.
El alcalde quiteño manifestó que la situación trasciende el caso particular del alcalde guayaquileño y se relaciona con la vigencia de los derechos fundamentales en el país.
“Hay un elemento aún más importante que ustedes y yo defendemos en este momento: los elementos básicos del Estado de derecho, la democracia, el principio de inocencia y el debido proceso para Aquiles Alvarez y para cualquier ciudadano y ciudadana del Ecuador”, expresó.
Sostuvo que las instituciones judiciales deben mantener la confianza de la ciudadanía y actuar con apego a la legalidad. “El edificio que está atrás mío, que representa la justicia ecuatoriana, no puede nunca convertirse en una herramienta”, afirmó.
Muñoz añadió que, cuando la justicia emite resoluciones en investigaciones en curso, estas deben ser atendidas y respetadas; sin embargo, advirtió que la credibilidad institucional es fundamental para la estabilidad democrática.
“Cuando hay un caso que se investiga y en ese caso que se investiga se pronuncia la justicia, nosotros debemos atender ese mandato porque es sagrado. Pero si la justicia en su país está minando las bases de confianza y de credibilidad, básicamente no quedarán sino cenizas en el Estado ecuatoriano”, señaló.
De igual manera, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también rechazó la medida y señaló que “se ha concretado un nuevo abuso de la justicia con la encarcelación de Aquiles Alvarez”, al tiempo que pidió a organismos internacionales vigilar lo que calificó como una arbitrariedad contra una autoridad electa.
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