Tras pasar el 60% de su condena en prisión, Ricardo Rivera, acusado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, puede cumplir el restante de la pena fuera de la cárcel. Así lo señaló el penalista Emiliano Donoso quien, además, descartó que esto sea un resultado de un supuesto pacto entre la Revolución Ciudadana y el gobierno de Guillermo Lasso.
De acuerdo con Donoso, Rivera tiene este derecho como lo tiene cualquier persona privada de la libertad (ppl). Así, después de conocer las críticas sobre el tío del exvicepresidente Jorge Glas, enfatizó que a Rivera no lo procesaron por lavado de activos y que durante estos casi cinco años la Fiscalía General del Estado no ha hecho nada al respecto.
El caso Glas
Según el jurista, el caso del exvicepresidente es distinto porque mantiene dos condenas, una por el caso Odebrecht y otro por el caso Sobornos. Así, explicó que no es correcto que se sumen las penas porque dicha acción no lo ha realizado el Tribunal Penal que es el único competente para realizarlo pues no lo puede ejecutar el juez de garantías penitenciarias. Además, señaló “pienso que es una barbaridad el caso Singue”.
“No creo que aplique un régimen semiabierto para Glas. A mi criterio, la pena de ocho años debe absorber a la de seis años”, explicó. Así, dijo que el porcentaje para aplicar al régimen semiabierto debe realizarse sobre los ocho años.
Por otra parte, el jurista alertó que la justicia no debió ordenar la reclusión de Glas en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi porque afectó a su arraigo familiar “que es importante y no se debe vulnerar”. Así mismo, descartó que deban trasladarlo a la cárcel 4 de Quito porque el lugar no es un Centro de Rehabilitación Social que no cumple con la función de reinserción social.
Sobre la corrupción
Donoso resaltó que la corrupción es un hecho arraigado en Latinoamérica que está presente en Ecuador desde hace décadas. Por ello, resalta que la corrupción también implica no pagar el pasaje del bus o sobornar a un policía.
En esa línea, señaló que “el ecuatoriano no tiene confianza en la institucionalidad”. Por ejemplo, señaló el caso de la última resolución de la Contraloría General del Estado que resolvió archivar el caso Pandora Papers, que involucraba al presidente, el mismo día que la Asamblea Nacional resolvería sobre el tema. “Queda la sensación de duda”, resaltó. Además, destacó que “las personas encargadas de las instituciones las han desacreditado con sus actos. Son los principales responsables”.
