El país vivía la festividad del Día del Amor y la Amistad, cuando arribó una mujer de 71 años desde Madrid – España. El 29 de febrero, las autoridades lo confirmaron. Era un sábado y la entonces máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública (MSP), Catalina Andramuño convocó a rueda de prensa. «Así como ha ocurrido en 54 países, las medidas (de bioseguridad) no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso de coronavirus en Ecuador», informó la ministra.
La migrante ecuatoriana llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil sin síntomas de Covid-19. Se movilizó hasta Babahoyo, donde viven sus familiares. Días después, presentó malestar y fiebre y acudió a un hospital. En el lugar, le realizaron pruebas y, tras dar positivo a coronavirus, los médicos ordenaron la hospitalización. Hace un año, la ministra Andramuño explicó que la mujer se encontraba en terapia intensiva. Mientras que, otras 80 personas con quienes tuvo contacto, estaban en proceso de aislamiento respectivo.
De esa manera, Ecuador se convirtió en el tercer país en reportar un caso positivo.
La conocida como «paciente cero» falleció el 13 de marzo. Un día después, también murió su hermana contagiada con Covid-19. El 16 de marzo, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno anunció el inicio del estado de excepción que dio paso al confinamiento. Un mes después del anuncio del primer caso, Andramuño reportó 1.924 casos confirmados y 58 víctimas del Covid-19. Solo en Guayas habían 1.377 contagiados.
Las cifras a un año del caso cero
Las provincias de Pichincha y Guayas continúan siendo las más golpeadas por Covid-19. Mientras la primera reporta la mayor cantidad de infectados: 100.116, la segunda reporta el mayor número de fallecidos: 3.789.
En el caso de los decesos, de acuerdo a las cifras del MSP, la segunda provincia con mayor número es Manabí con 2.653.
Corrupción en medio de la emergencia sanitaria
Expresidentes, políticos, autoridades de elección popular, funcionarios y hasta extranjeros se incluyeron en las investigaciones judiciales por aprovechar la emergencia sanitaria para cometer actos de corrupción.
El 22 de marzo de 2020, Ángel Loja Llanos, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), firmó un contrato de USD 10 millones para la compra de mascarillas y otros insumos con posible sobreprecio. El Director y otros funcionarios dimitieron de sus cargos el 30 de marzo. Por el suceso, también fue señalado Paúl Granda, quien renunció el 22 de abril.
Para el 20 de mayo, la Contraloría General del Estado (CGE) emitió dos informes con indicios de responsabilidad en la compra de bolsas para cadáveres en los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur, en Guayaquil. Las investigaciones señalaron al exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino por la adjudicación de contratos irregulares durante su gestión al frente de la casa de salud. El 13 de julio, Jairala Zunino recibió orden de prisión preventiva.
Caso Bucaram
El 3 de junio las autoridades allanaron el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil y la casa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Las investigaciones giraban en torno a la compra de insumos médicos. Entonces, arrestaron al expresidente por tener en su propiedad 5.000 pruebas rápidas, 2.000 mascarillas y una serie de insumos médicos que, según fiscalía, coincidían con los adquiridos por el hospital.
Ese mismo día, también arrestaron a dos ciudadanos israelíes que se hacían pasar por agentes de la DEA. Tenían en su poder más de USD 300 mil. Uno de ellos era buscado por la INTERPOL ya que contaba con antecedentes penales en Panamá.
El 8 de junio, Teleamazonas evidenció que el exasambleísta Abdalá «Dalo» Bucaram Pulley y su familia se encontraban en Miami en la casa de Daniel Salcedo Bonilla. No solo era el amigo cercano de Bucaram, también estaba involucrado en casos de corrupción. Fue entonces cuando Dalo Bucaram pidió asilo político para el y su esposa, Gabriela Pazmiño. El 13 de junio, las autoridades ecuatorianas emitieron la orden de captura contra Bucaram, su esposa y su hermano Michel Bucaram Pulley, con fines investigativos.
El 9 de junio, Daniel Salcedo Bonilla, uno de los principales implicados en los sobreprecios en los hospitales públicos, se accidenta en Perú en una avioneta propiedad de Alfredo Adum. Salcedo buscaba fugar del país.
Uno de los israelíes detenidos mencionó el nombre de Jacobo Bucaram Pulley. Así, los jueces vincularon a los hermanos Jacobo, Michel y Dalo Bucaram al caso.
Otros casos
El 14 de mayo el país conoce una red de corrupción que operaba, incluso, desde la Asamblea Nacional. Entre los implicados se encontraba el jefe de la bancada oficialista de Alianza PAIS, Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuero. En total, fueron señalados 15 asambleístas de Alianza PAIS, uno del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, uno de la Bancada Acción Democrática Independiente y dos del Partido Sociedad Patriótica.
Dentro del caso Kit de Alimentos, también se vinculó a la entonces secretaria del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. A ella se le atribuye un contrato con el 40,2% en sobreprecios.
A finales de mayo, las autoridades revelaron irregularidades en la adquisición de pruebas de detección rápida de Covid-19. Uno de los vinculados es el alcalde de Quito, Jorge Yunda.
En plena emergencia sanitaria, también se conoció de la adquisición irregular de carnés de discapacidad. Con ellos, algunos ciudadanos se beneficiaban de exención de impuestos para la importación de artículos de lujo y otros beneficios. Uno de los señalados fue el legislador independiente (exCREO) Fabricio Villamar.
