El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 123, suscrito este viernes 12 de septiembre, dispuso la denuncia del “Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.
El decreto establece la denuncia en su totalidad del Estatuto Migratorio suscrito entre ambos países. Además, encargar la ejecución de la medida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 27 de agosto la terminación de la vigencia del Estatuto Migratorio entre ambos países, con base en el análisis e informe realizado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.
Noboa había solicitado el trámite mediante decreto del 1 de agosto. La Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Lucía Jaramillo, avaló el informe que recomendaba su aprobación.
Jaramillo aseguró que los derechos de los venezolanos residentes en Ecuador se mantienen. Seguirán accediendo a salud y educación, aunque ya no habrá procesos especiales de regularización. “Los venezolanos, igual que cualquier extranjero, deberán cumplir los requisitos que Ecuador requiera”, puntualizó.
La votación permitió al Ejecutivo concretar la salida del acuerdo, en un contexto marcado por la reducción de fondos internacionales destinados a la acogida y regularización de migrantes.
Derechos garantizados y debate legislativo
La Corte Constitucional determinó en julio de 2025 que la denuncia del acuerdo no afecta la movilidad humana, ya que este derecho está protegido por la Constitución.
El Estatuto regulaba un procedimiento simplificado de visas y residencias. El Parlamento detalló en un comunicado que su eliminación «no impide el derecho a migrar ni implica regresión de derechos, ya que la normativa interna ecuatoriana continúa garantizando los mismos principios».
En el debate, varios legisladores defendieron la decisión como un paso para fortalecer la soberanía frente a la migración irregular. Recalcaron que la medida no implica xenofobia ni segregación. Además, recordaron que el instrumento ya no contaba con financiamiento internacional suficiente para sostener su aplicación.
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