El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, rechazó este jueves, 6 de noviembre de 2025, los señalamientos sobre una glosa que ratificó la Contraloría General del Estado (CGE), por $3′757.712 en contra del IESS por cobros indebidos realizados por familiares del mismo funcionario
En una carta pública difundida este jueves, Lama acusó a los denunciantes de “descontextualizar hechos ocurridos hace más de una década” con el objetivo de afectar su nombre y reputación profesional.
Lama explicó que los servicios médicos cuestionados se prestaron entre 2013 y 2014. En 2018, funcionarios del IESS pagaron las facturas correspondientes sin objeciones, reconociendo la legitimidad de los trabajos realizados. Posteriormente, en 2020, una auditoría médica observó los soportes documentales de esos servicios debido a deficiencias en los sistemas de control vigentes en esa época. Finalmente, en 2024, la Contraloría General del Estado emitió una glosa por presuntos servicios no prestados.
El titular del IESS enfatizó que las prestaciones sí se realizaron y fueron reconocidas y pagadas por la institución. Aclaró que la falta de ciertos documentos administrativos, doce años después, se debe a problemas estructurales de archivo y control que afectaban al Instituto en ese entonces.
Según Lama, algunos actores políticos han manipulado esta información fuera de contexto y con fines electorales, utilizando los hechos de forma maliciosa para construir una narrativa falsa. “Sabemos que una verdad contada a medias es una mentira completa”, afirmó.
El funcionario recordó que en los años en que ocurrieron los hechos él no tenía participación política ni administrativa. Destacó que hoy lidera un proceso de modernización y digitalización de los sistemas del IESS para fortalecer la trazabilidad, eficiencia y transparencia institucional.
El hecho se conoció el 5 de noviembre por el asambleísta Héctor Rodríguez, de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), quien aseguró que el informe de la Contraloría, identificado con la resolución N.º 25457, ratifica en tercera instancia la responsabilidad civil y administrativa por los pagos irregulares.
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