Las protestas por las redadas migratorias en Los Ángeles mantienen en foco de atención en Estados Unidos, tras el despliegue de soldados de la Guardia Nacional, ordenado por el presidente Donald Trump para dispersarlas.
Este domingo, Trump describió a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales» y aseguró que las protestas desatadas en respuesta a las redadas masivas «fortalecen» su determinación de deportar.
«Estos disturbios sin ley sólo fortalecen nuestra determinación. Estoy ordenando a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y a la fiscal general, Pam Bondi (…) que tomen todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión de inmigrantes y poner fin a estos disturbios de inmigrantes», escribió el mandatario en Truth Social.
Los comentarios de Trump llegan en el tercer día consecutivo de protestas en la ciudad de Los Ángeles, después de que el viernes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara al menos siete redadas migratorias.
Choques escalaron el fin de semana

Los choques con los manifestantes escalaron el fin de semana con la llegada del primer contingente de efectivos. Trump firmó un memorando el sábado para emplazar dos mil militares en la ciudad.
Ayer los participantes en estas acciones bloquearon carriles en autopistas cerca del angelino Metropolitan Detention Center, donde se congregaron inicialmente, en lo que constituyó el tercer día de protestas por la ola de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La orden del presidente se ejecutó amparada en una controvertida disposición federal que pasó por alto al gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en los últimos 60 años.

Tanto Newsom, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han hecho un llamado a la comunidad californiana a ejercer su derecho a protestar de forma pacífica.
La alcaldesa Bass, confirmó anoche en una conferencia de prensa que cientos de personas lograron llegar a la autopista, mientras que miles más ocuparon calles cercanas.

Por su parte, el gobernador Newsom, solicitó formalmente a la administración federal que revoque “el despliegue ilegal de tropas en el condado de Los Ángeles”.
En una publicación, en su cuenta en la red social X, Newsom escribió que no tenían “ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan”.
“Rescindir la orden. Devolver el control a California”, subrayó el gobernador en su mensaje acompañado del texto de su oficina, dirigido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y firmado por el secretario de asuntos legales, David Sapp.
Esta decisión de Trump podrían impugnarla en los tribunales. El recurso legal lo estudia la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.

El director legal y de defensa de la ACLU, Victor Leung, expresó en un comunicado que este despliegue “infundado” de la Guardia Nacional por la administración Trump “es una clara represalia” contra California y significa “una declaración de guerra” contra todos los residentes del estado.
“No hay ninguna razón” para desplegar la Guardia Nacional contra los angelinos, quienes están legítimamente indignados por el ataque del gobierno federal a las comunidades inmigrantes, advirtió Leung.
El zar de la frontera, Tom Homan, defendió en una entrevista concedida a NBC News el emplazamiento de los militares en Los Ángeles y amenazó con detener a Newsom y Bass «si se exceden en sus competencias».
Antes, la Casa Blanca justificó estos operativos del ICE. Dijo que son esenciales para detener y revertir lo que el Gobierno de Trump llama «la invasión de delincuentes ilegales a Estados Unidos», según un comunicado de la secretaria de Prensa Karoline Leavitt.
Fuentes: PL, EFE, AFP