Por unanimidad el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional (CAL) decidió otorgar al asambleísta Fernando Villavicencio (Ind.) 10 días para la práctica de la prueba en la queja presentada en su contra por el legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik).
La sesión del CAL se instaló a las 16:00 de este sábado, 11 de septiembre, de forma semipresencial, pues la mayoría de legisladores se encontraban en Riobamba, donde se realizó la sesión solemne por el Día de la República.
Villavicencio no estuvo presente en la reunión. En días pasados informó al organismo legislativo que será representado por sus abogados.
Antonio López, uno de los juristas que defiende a Villavicencio, señaló que este proceso se trata de la “crónica de una sanción arbitraria” en contra de su defendido.
En la sesión de hoy estaba previsto que los miembros del CAL revisen las pruebas presentadas por ambos legisladores y las acepten o rechacen para continuar con el proceso administrativo. Vanegas acusa a Villavicencio de supuestas calumnias.
Entre las pruebas testimoniales y documentales que presentó el asambleísta Villavicencio estaba una solicitud para que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, acuda al CAL para rendir su versión sobre una investigación penal abierta en contra del consorcio Oro Negro, que presuntamente tendría relación con el asambleísta Vanegas.
También pedía la comparecencia de otros asambleístas como Bruno Segovia y Belén Cordero, también miembros de la Comisión de Fiscalización, para que testifiquen las declaraciones de la Fiscal en ese órgano legislativo.
Ninguno de estos pedidos fue aceptado por el CAL, por considerarlos impertinentes. Según explica López, únicamente aceptará la comparecencia de los asesores y funcionario de la Comisión que estuvieron presentes en la reunión.
La moción de aceptar el pedido de ampliación del plazo para practicar la prueba fue presentada por la asambleísta Nathalie Arias, de CREO.
López adelantó que en los próximos días se presentará una acción de protección en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y demás miembros del CAL por no dar paso a un debido proceso con derecho a la defensa.
