Ciudadanos y trabajadores mineros del cantón Portovelo se movilizaron este miércoles, 4 de febrero, en el sector El Pache para rechazar la suspensión de las plantas de beneficio que procesan oro en la zona. La protesta fue convocada por la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio de la Provincia de El Oro (Aproplasmin) y contó con el respaldo de autoridades locales.
El Ministerio de Ambiente y Energía dispuso el 2 de febrero la paralización de las plantas de beneficio que operan en Portovelo y en la provincia de Loja, tras detectar metales pesados —cobre, plomo, arsénico y cadmio— y cianuro en concentraciones superiores a los límites permitidos en los ríos Calera y Amarillo, afluentes de la cuenca Puyango-Tumbes.
La resolución sostiene que la contaminación se incrementa de forma crítica en los tramos donde se concentran estas operaciones.
Impacto laboral y reclamos del sector
En Portovelo operan alrededor de 80 plantas de beneficio, principalmente a orillas de los ríos Calera y Amarillo. Dirigentes del sector estiman que la suspensión afecta de manera directa a unas 10.000 familias y hasta 80.000 de forma indirecta, al paralizar una cadena productiva que incluye procesamiento y exportaciones.
“El cierre nos impide sostener sueldos y obligaciones. Pagamos tasas y ahora nos cierran; pedimos coherencia. No nos oponemos a auditorías, pero no se puede generalizar”, afirmó el empresario minero Pablo López.
Autoridades locales piden diálogo
La alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar, advirtió que la medida perjudica a trabajadores y economías locales, y solicitó ser escuchados para restaurar fuentes de empleo. Informó que mantendría reuniones con autoridades del Ejecutivo y que se busca un encuentro con la ministra Inés Manzano en Quito.
También participaron alcaldes de cantones vecinos como Zaruma y Piñas, quienes coincidieron en la necesidad de remediación ambiental sin afectar el sustento de miles de familias.
Posición del Gobierno y próximos pasos
Desde el Gobierno se reiteró la apertura al diálogo y se indicó que la resolución forma parte de acciones para combatir la minería ilegal, sin afectar a quienes operan formalmente. En una reunión virtual con autoridades locales y representantes del gremio, se acordó instalar mesas técnicas con participación de varios ministerios.
La cita quedó prevista para el martes, 10 de febrero, en Portovelo, con el objetivo de evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto social, fortalecer controles ambientales y definir un camino de reactivación gradual.
Fuentes: El Universo, Primicias
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