En promedio, cada dos horas una persona pierde la vida en Ecuador por siniestros de tránsito, lo que equivale a 11 muertes diarias y posiciona al país como el de mayor tasa de mortalidad vial en Sudamérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, en 2025, una de cada ocho personas involucradas en siniestros graves falleció.
Ante este escenario, expertos, activistas y autoridades se reunieron en el simposio “El derecho a llegar con vida: seguridad vial y reforma institucional”, para demandar cambios urgentes en la legislación y la estructura institucional que garanticen una movilidad segura y sostenible.
El evento fue organizado por TANDEM, Carishina en Bici, la Asociación de Peatones de Quito y la Coalición por la Movilidad Segura Ecuador. Daniela Chacón, directora ejecutiva de TANDEM, subrayó la necesidad de una reforma constitucional que reconozca la movilidad segura como derecho fundamental. Chacón destacó el caso de México, donde una coalición ciudadana logró que el derecho a la movilidad segura quedara consagrado en la Constitución y en una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Los datos presentados en el simposio muestran que, entre 2014 y 2023, el número total de siniestros en el país disminuyó, pero las muertes aumentaron un 20%, evidenciando una mayor severidad de los impactos. Según el INEC, solo entre enero y marzo de 2025 hubo 4.610 víctimas por siniestros viales, de las cuales 565 fallecieron y 4.045 resultaron heridas. La mitad de los siniestros mortales afectó a hombres entre 20 y 49 años, seguidos por adolescentes y adultos mayores.
Los panelistas también analizaron las debilidades del marco legal vigente y la capacidad operativa de las autoridades responsables. “Llegar con vida no puede ser un privilegio ni una suerte. Debe ser un derecho garantizado por todos los niveles de gobierno”, dijo Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura.
En el simposio participaron representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Municipio de Quito, expertos internacionales y sociedad civil, que coincidieron en que es urgente actuar para evitar que los siniestros viales sigan cobrando vidas en Ecuador.
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