Por: Wilson Benavides, analista político
Las últimas ejecutorias del gobierno de Daniel Noboa deberían preocuparnos a todos, especialmente a los sectores de la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, los medios de comunicación y líderes de opinión que durante una década (2007-2017) denunciaban -vehementemente- lo que calificaban como “autoritarismo” del entonces presidente, Rafael Correa.
La decisión de Noboa de deshacerse de su vicepresidenta, Verónica Abad, designándola embajadora de Ecuador en Israel, la declaratoria de conflicto armado interno que en la práctica ha servido para legitimar la represión militar en Palo Quemado y Las Palmas (Sigchos, Cotopaxi), el asalto a la embajada de México en Quito para capturar al sentenciado Jorge Glas, y la acusación formal de sabotaje y traición a la Patria contra su ahora ex Ministra de Energía, Andrea Arrobo, evidencian una forma autoritaria de ejercicio del poder, que -en otros tiempos- ya hubiese sido cuestionada radicalmente por todos los sectores.
La detención del hijo de la segunda mandataria y su traslado a la cárcel de máxima seguridad de la Roca, en Guayaquil, por supuestamente solicitar dinero a cambio de un cargo público, queda en la retina de los ecuatorianos más como una vendetta personal, que como un acto de justicia. Y lo mismo sucede con la acusación contra Arrobo, que -sin tener las credenciales específicas para dirigir una cartera de Estado tan compleja- fue puesta por el propio presidente, quien ahora es su principal detractor.
En esta lógica autoritaria, o al menos desproporcionada, se refleja un pragmatismo inédito en las acciones del gobierno, que se publicitan como una forma de “hacer justicia y luchar contra la impunidad”, pero en la práctica están sirviendo de plataforma para generar un clima de intimidación velada.
Clima en el que la agenda político-electoral con miras a los comicios generales de 2025 es prioritaria, al punto de desplegarse en acciones de fuerza inaceptables como la incursión en la embajada mexicana o en discursos totalmente inverosímiles como la teoría de que funcionarios públicos del sector energético “abrieron” las compuertas de una represa para intencionalmente dejar a obscuras al Ecuador, provocando con esto último, que el gobierno mediante decreto 226 suspenda la jornada laboral el 18 y 19 de abril, así como establezca un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública debido a la crisis energética (decreto 229) con el que, entre otras cosas, se militarizan las centrales hidroeléctricas.
Ambos decretos (226 y 229) se emitieron justamente los días previos a la consulta popular de este domingo 21 de abril, donde el gobierno medirá en las urnas su capital político, ante la mirada de una ciudadanía totalmente desconcertada por las decisiones y los discursos oficiales sobre el manejo de esta nueva crisis.
Una conocida teoría de la propaganda señala que un político debe crear un problema para luego inventarse la solución, pero esto se aplica a medias en el Ecuador, ya que si bien la detención de Glas le permitió sumar adhesiones a la consulta popular y ratificar una auto imagen de firmeza del jefe de Estado, la realidad de los apagones, en cambio, lo muestra de cuerpo entero.
Sumado a ello, los asesinatos de los alcaldes de los cantones Ponce Enríquez, en Azuay y Portovelo, en El Oro, evidencian la estela de dolor y muerte que está dejando la minería ilegal, sin que al parecer, a nadie le importe.
De acuerdo con la última encuesta de Click Report, antes de la crisis energética, la confianza en las Fuerzas Armadas alcanzaba el 77,28%, seguida de la confianza en el presidente de la República con el 61,42% y en la gestión de la Fiscalía General del Estado, con 60,83%.
En la realidad, varios rasgos de la administración Noboa, deberían ser objeto de atención de las “decenas de demócratas” que en la década correísta no dudaron en enfilar sus ideas y, en algunos casos, hasta sus acciones para “defender las libertades”. La consulta popular de este domingo, entonces, puede también ser leída como un punto de quiebre entre democracia y autoritarismo. El pueblo soberano, tendrá la última palabra.
La opinión de Wilson Benavides.
