Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no ha autorizado que el funcionario sea sometido a una cirugía con médicos escogidos por su familia, pese a que, según afirmó, asumirían todos los costos del procedimiento.
Ycaza sostuvo que la situación pone en riesgo el derecho a la salud de su esposo y responsabilizó al Estado por cualquier deterioro que pueda producirse debido a una demora o negativa.
“En Ecuador no existe la pena de muerte, pero hoy Aquiles enfrenta una condena que también nos obliga a luchar por su derecho a la salud y a la vida. No pedimos privilegios. Pedimos que nos permitan garantizar su operación y cuidar su vida”, escribió en redes sociales.
SNAI habría planteado una cirugía en el sistema público
Según Ycaza, después de varias semanas y dos requerimientos formales, recibió una respuesta del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
La institución habría indicado que Álvarez debe ser intervenido en un centro de salud público. La versión corresponde a la denuncia difundida por su esposa.
Ycaza cuestionó esa decisión y recordó que anteriormente Álvarez fue trasladado a la Clínica Hospital Alcívar, un establecimiento privado, donde, según su relato, se pretendía realizar la intervención.
“¿Cuando ustedes escogen una clínica privada, sí se puede, pero cuando su familia solicita operarlo con el médico y el equipo de su confianza, asumiendo nosotros todos los gastos, eso ya no se puede?”, cuestionó.
También afirmó que su esposo ha registrado una importante pérdida de peso y que la familia pretende realizar exámenes antes de cualquier procedimiento quirúrgico.
Familia asegura que no pide privilegios
Ycaza insistió en que su reclamo no cuestiona a los médicos ni a los hospitales públicos. Señaló que busca garantizar que la intervención se realice con un equipo médico escogido por la familia. “Aquiles está privado de su libertad, no de su dignidad, no de su derecho a la salud, ni de su derecho a la vida”, manifestó.
Además, aseguró que la familia está dispuesta a cubrir la totalidad de los gastos de la operación, sin generar costos para el Estado. “Si existe una razón para impedirlo, explíquenla, por favor, públicamente. Y si no existe, autoricen entonces, por favor, su operación”, agregó.
La defensa de Alvarez denunció que actualmente no habría un tribunal disponible para resolver un hábeas corpus y que tampoco se estarían cumpliendo las visitas fijadas judicialmente. Asimismo, se conoció que para el miércoles está prevista una apelación relacionada con el uso del grillete electrónico.
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