El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido la noche del miércoles 30 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de estar involucrado en actos de corrupción vinculados con el narcotráfico. Hasta la mañana de este jueves no se habían informado oficialmente los motivos de su aprehensión.

Junto con Mariaca fue detenido Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, quien también figura entre los funcionarios bolivianos sancionados esta semana por Washington.

Reportes de medios bolivianos indican que ambos fueron interceptados dentro de la terminal aérea. Sin embargo, inicialmente no se informó qué autoridad ordenó las aprehensiones, si existían órdenes judiciales ni la causa específica del procedimiento.

Fiscalía denuncia una detención “ilegal”

El Ministerio Público boliviano denunció que la detención de Mariaca habría ocurrido de forma “ilegal”. Un funcionario de la Fiscalía calificó el procedimiento como un “secuestro” y aseguró que el fiscal general había viajado a Santa Cruz para cumplir actividades de su agenda institucional.

Casi simultáneamente, efectivos policiales intervinieron las instalaciones de la Fiscalía General en Sucre. También hubo una intervención en dependencias de la Fiscalía de Santa Cruz.

Funcionarios del Ministerio Público cuestionaron el procedimiento y aseguraron que los agentes ingresaron sin presentar una orden judicial. Esas afirmaciones corresponden a la versión de la Fiscalía y no habían sido acompañadas, hasta ese momento, por una explicación oficial de las autoridades encargadas del operativo.

Estados Unidos había sancionado a Mariaca

La detención ocurre dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra funcionarios y otras personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En el caso de Mariaca, Washington fue más allá de la restricción de visa y realizó una designación pública por presunta corrupción significativa. El Gobierno estadounidense lo acusó de haber solicitado y recibido sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Mariaca ha rechazado esas acusaciones. El fiscal general calificó previamente la medida estadounidense como una “injerencia” y aseguró que permanecería en el cargo.

Por su parte, Zeballos había sido incluido igualmente entre los ciudadanos bolivianos afectados por las restricciones anunciadas por Estados Unidos. Antes de su detención había manifestado públicamente su respaldo a Mariaca y señalado que solicitarían información a Washington sobre las acusaciones.