La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por presunta asociación ilícita, con base en indicios recabados durante una serie de allanamientos ejecutados este viernes en Riobamba, Chimborazo. De acuerdo con la institución, dos abogados tendrían en su poder –y fuera de la institución judicial– expedientes para elaborar sentencias de una Jueza provincial.
Según las primeras diligencias, los abogados habrían accedido de manera irregular a expedientes judiciales que estaban bajo la responsabilidad de una jueza de la Corte Provincial de Chimborazo.
Lo alarmante es que estos documentos habrían sido retirados de la institución sin autorización y utilizados fuera del sistema judicial para redactar sentencias, lo que constituiría una grave intromisión en la función jurisdiccional.
La Fiscalía señala que los indicios recolectados permiten sostener la hipótesis de una estructura que operaba al margen de la ley, donde actores externos podrían haber influido en resoluciones judiciales a cambio de favores o beneficios.
Allanamientos en despacho y oficinas
En coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía ejecutó más temprano este viernes una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, como parte de una investigación por el presunto delito de asociación ilícita.
En total, se realizaron seis intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Uno de los lugares allanados fue el despacho de la jueza Laura G., ubicado en el cuarto piso de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. Durante el operativo, los agentes procedieron con el levantamiento de documentos, equipos electrónicos y otros elementos que podrían constituir evidencia relevante en el proceso investigativo.
De forma paralela, las autoridades intervinieron inmuebles vinculados a los abogados Jorge M. y Cristian S., así como a una persona jurídica.
Estas propiedades, localizadas en sectores céntricos y del norte de Riobamba, también fueron objeto de inspecciones para recabar posibles indicios que permitan esclarecer los hechos.
Las investigaciones se encuentran en fase preliminar, y por el momento no se han emitido pronunciamientos oficiales sobre personas detenidas o vinculaciones formales.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y el uso indebido de cargos públicos, especialmente en instituciones clave como el sistema de justicia.
Este caso se suma a una serie de investigaciones impulsadas a nivel nacional en contra de estructuras que habrían operado al margen de la ley para obtener beneficios indebidos mediante el abuso de funciones judiciales y legales.
Borradores de sentencias
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró en un video que él lideró el operativo tras conocer de este nuevo caso de presunta corrupción judicial.
“Las investigaciones preliminares revelan un posible entramado en el que la magistrada presuntamente habría entregado borradores de sentencias a abogados particulares para que las vendieran”, apuntó Godoy.
Agregó que ya presentó una denuncia penal correspondiente “al tratarse de hechos que podrían constituir los delitos de concusión y simulación de funciones”.
Mientras que en el ámbito disciplinario también se iniciarán las acciones correspondientes No se trata de casos aislados, sino de un sistema que estamos transformando con evidencias concretas”, aseguró el presidente de la Judicatura.
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