Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe del proceso de sustanciación del juicio político en contra del consejero de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Gonzalo Albán, que sugiere al pleno de la Asamblea Nacional enjuiciar políticamente al funcionario.
La decisión se adoptó tras una votación dividida entre los miembros de la mesa legislativa:
Votos en contra
- Katherine Bustos (Revolución Ciudadana)
- Frickson George (Revolución Ciudadana)
- Ana Cecilia Herrera (Revolución Ciudadana)
- Nanki Saant (Revolución Ciudadana)
Votos a favor
- Nataly Morillo (ADN)
- José Nango (Pachakutik)
- Fabiola Sanmartín (ADN)
- Ana Belén Tapia (ADN)
- José Moreno (alterno de María Paula Villacreses – ADN)
- Ferdinan Álvarez (ADN)
Con esta resolución, el expediente pasará al Pleno de la Asamblea, que será el encargado de definir si procede la censura y destitución de Albán.
Una firma falsa como sustento
“La Comisión de Fiscalización considera que el consejero Gonzalo Albán incurrió en incumplimiento de funciones en los términos del artículo 131 de la Constitución y artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, se lee en el informe borrador al que Ecuavisa.com pudo tener acceso.
Es decir, los asambleístas consideran que Albán incurrió en incumplimiento de funciones, que “vicia el acceso al cargo y compromete la legitimidad del ejercicio de las funciones, comprometiendo valores y deberes constitucionales, generando pérdida de confianza política”, según se lee en el documento.
El legislador Keevin Gallardo acusa a Albán de haber pertenecido a una organización política previo a la postulación como candidato para el Cpccs, lo que está expresamente prohibido en la ley que rige el funcionamiento de la entidad. Se presume que, desde 2012, Albán tenía una adherencia al movimiento MOVER y que en junio de 2022 se desafilió.
Entre las pruebas de cargo, presentadas por el legislador Gallardo, está la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la cual se negó la calificación de la candidatura por incumplir el requisito de no adherencia.
Sin embargo, tal como consta en el mismo documento de solicitud de juicio político, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revocó las decisiones emitidas por el CNE y dio paso a la postulación de Albán. Otro de los elementos del asambleísta de ADN es el voto salvado emitido por la jueza del Tribunal Contencioso Electoral, doctora Patricia Guaicha Rivera, quien considera que Albán no desvirtuó haber estado vinculado al movimiento político.
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