La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este viernes el informe que recomienda al Pleno archivar el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, al concluir que no existen pruebas suficientes para establecer un incumplimiento de funciones.
La resolución fue adoptada durante una sesión realizada en Guayaquil con seis votos a favor y cuatro en contra. Ahora será el Pleno de la Asamblea el que decida si acoge o no la recomendación.
Comisión descarta responsabilidad política
El juicio político fue promovido por los asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC), quienes acusan a Manzano de incumplimiento de funciones por su presunta actuación en el contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM) durante la crisis eléctrica de 2024.
Sin embargo, la Comisión concluyó que no se logró demostrar un nexo causal entre las funciones de la exministra y los hechos denunciados, ni la configuración de la causal prevista en el artículo 131 de la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Contrato y pago ocurrieron antes de su posesión
Entre los principales argumentos del informe consta que el contrato cuestionado fue firmado antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía.
Además, el expediente determinó que la orden de pago correspondiente al 60 % del contrato fue procesada y autorizada horas antes de que el encargo ministerial de la exfuncionaria quedara formalmente registrado en el sistema gubernamental.
La Comisión también sostuvo que las etapas precontractual, contractual y de desembolso eran competencia exclusiva de Celec EP, empresa pública con autonomía administrativa y financiera, y no de la ministra de Estado.
Pruebas fueron consideradas insuficientes
El informe señala que la prueba testimonial presentada por los proponentes del juicio no pudo ser evacuada debido a la inasistencia de los testigos anunciados.
Asimismo, concluye que los documentos y declaraciones incorporados al expediente no acreditan que Manzano haya ordenado pagos, participado en la ejecución del contrato o impedido las labores de fiscalización de la Asamblea.
La mesa legislativa también destacó que durante su administración se impulsaron acciones legales relacionadas con el contrato, entre ellas denuncias penales por presunta delincuencia organizada y una reconvención arbitral por USD 131 millones.
El Pleno tendrá la decisión final
Con la aprobación del informe, el expediente será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá resolver si acoge la recomendación de archivo o dispone la continuación del juicio político contra la exministra.
La bancada de Revolución Ciudadana anticipó su desacuerdo con el informe y sostiene que durante el proceso sí se incorporaron elementos que justificarían la responsabilidad política de Manzano.
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