César Rodríguez, delegado de los empleadores ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), informó que el Fondo de Salud de ese organismo está quebrado y que únicamente tendría recursos para un mes.
Ante la mesa de Consenso por el Empleo, organizada por la Cámara de Comercio de Quito, Rodríguez precisó que la falta de pago por parte del Estado al IESS lo ha dejado en esta situación. “Para el próximo mes, el fondo de Salud está en 0 y para agosto y septiembre de este año no tendremos para pagar a nadie. Esa es la verdad: estamos quebrados”, dijo.
Para él el problema está relacionado con que, desde hace algunos años, el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones económicas por las atenciones de salud a los jubilados, ni a las personas con enfermedades catastróficas.
De acuerdo a la normativa, el IESS sí está obligado a atenderlos aunque no reciba pago, por lo que sigue atendiendo a los hijos menores de 18 años de los afiliados, aunque este servicio no cuenta con un financiamiento.
Según Rodríguez, deuda del Estado al IESS en cuanto a salud está calculada en unos $ 5.000 millones y asegura que cada mes se debe pagar entre 350 millones y 400 millones de dólares para atenciones de salud a jubilados.
Los datos de Rodríguez coinciden con los cálculos actuariales que se hicieron en 2014 por parte de la empresa Volrisk sobre la viabilidad del cambio de tasas de contribución a los fondos (cuando se bajó la tasa para pensiones y se le subió a salud). Estos cambios fueron declarados inconstitucionales en 2019.
Sin embargo, en el informe de Volrisk, que se encuentra publicado en la página web del IESS, ya advirtió que incluso con el cambio de tasas, el fondo de Salud estaría en números negativos para el 2021.
En el estudio se indica que para 2021 en un escenario moderado tendría en su reserva – $ 1.093 millones. Esto, porque tendría un ingreso de $ 2.477 millones y egresos superiores por $ 4.017 millones.
Según diario El Universo, en este estudio no se había considerado aún la importante baja de ingresos que puede significar la salida de afiliados y los altos costos de salud por la pandemia.
El delegado señaló como medidas políticas en contra del IESS el haber instaurado la afiliación para amas de casa, cuando en realidad el aporte del Estado no llega.
La deuda de salud tiene un historial que data desde el 2002. En ese entonces la Ley de Seguridad Social estableció que el Estado debía reconocer al IESS el pago de atenciones a jubilados y por enfermedades catastróficas. Sin embargo, no se cumplió.
