El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, hizo un balance de los hechos de octubre de 2019, un año después. Señaló que “Ecuador tiene mucho que reflexionar, y, más que nada, sanar”.
En diálogo con el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, el funcionario advirtió que hasta el día de hoy las investigaciones no han determinado las responsabilidades ni la existencia de un delito determinado que merezca la pena de prisión. Señaló que en los próximos días, la Comisión de la Verdad integrada por la Defensoría del Pueblo, y liderada por Sybel Martínez. También se entregará al país un informe que establecerá certezas en torno al número de fallecidos, heridos y detenidos.
Informe inicial
El informe inicial de la Defensoría identificó 11 fallecidos en el contexto de las protestas de octubre. Según Freddy Carrión, el informe deberá determinar cuántos fallecimientos por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Carrión. Sin embargo, recordó que es un hecho cierto la docena de heridos que quedó con lesiones permanentes (pérdida de sus ojos, por ejemplo), así como el 66 % de detenciones que fueron ilegales o arbitrarias.
Carrión insistió que los excesos en el uso de la fuerza fueron determinados, no solo por la Defensoría del Pueblo. Debido a organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este 12 de octubre de 2020 se cumplió, además, un año del inexplicable incendio del edificio de la Contraloría General del Estado. Freddy Carrión admitió que se trata de un hecho delictivo cuyos responsables deben ser sancionados, pero que hasta el momento, les investigaciones no han arrojado resultados concretos.
Lamentó la ausencia de autocrítica del gobierno, el cual, consideró, es muy difícil que haga “un acto de constricción” o admita responsabilidades, no solo en los excesos para controlar las manifestaciones, sino en la génesis misma de las protestas, que fue el decreto ejecutivo 883. “El gobierno permitió que 11 días se mantengan las protestas, para luego levantar el decreto”. En ese contexto, se mostró poco optimista que haya justicia y reparación, y adelantó que la alternativa será acudir a instancias internacionales.
