El director nacional del movimiento Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, en entrevista para el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio. Negó que su organización política haya cogobernado con el régimen de Lenín Moreno, aunque admitió que sí respaldó la consulta popular del 4 de febrero de 2018.
Atarihuana respaldó las protestas efectuadas ayer en varias ciudades del país. En rechazo a las decisiones económicas del gobierno: “fue una contundente demostración de unidad del pueblo ecuatoriano, que rechazó la política antipopular del gobierno, y levantó su voz ante las injusticias”.
Geovanni Atarihuana
El dirigente político ratificó su oposición a los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Que, a su juicio, no debió ser firmado “por un gobierno que no tiene legitimidad, pues más del 90 por ciento de los ecuatorianos no le cree”.
Fustigó al régimen por la decisión de pagar los bonos Global en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Lo acusó de “carecer de sensibilidad… no esperamos absolutamente nada”.
Atarihuana, además, recordó que hay recursos jurídicos presentados ante la Corte Constitucional. Respecto de decisiones del gobierno en materia económica, por ejemplo. Sobre el decreto ejecutivo 1053, que supuso el descuento de una parte del salarios de los servidores públicos durante la pandemia. La demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Apoyo Humanitario.
“Los siete meses que quedan al gobierno van ser conflictivos, porque Lenín Moreno tiene compromisos que cumplir con la banca internacional”, dijo Atarihuana, quien añadió que “quieren aprovechar la pandemia para seguir implementando un agresivo programa económico”.
“Hoy proponemos gobernar con Yaku Pérez, quien se ha negado a reunirse con el FMI, porque no queremos avalar ningún acuerdo suscrito a espaldas del pueblo ecuatoriano”, manifestó. Advirtió que hay condiciones inaceptables, como la intención de elevar el Impuesto al valor Agregado (IVA) del 12% al 15%. Igualmente, rechazó el proceso de concesión que inició el gobierno, para entregar al sector privado la administración de la Refinería de Esmeraldas.
